Hay defensas que ofenden: los imbéciles, la mentirosa y los tontos

"Pueden parecer imbéciles, patanes, infantiloides, simples y primarios, pero son buenos hijos y quieren a su familia". Este es uno de los principales argumentos del abogado Agustín Martín Becerra a la hora de pedir una sentencia absolutoria para los cinco miembros de ‘La Manada’. Con esta literalidad no lo esgrimió en la sala de vistas, sino ante la masiva audiencia que tiene un conocidísimo programa de televisión.

Que el derecho a la defensa es un derecho fundamental amparado por la Constitución es algo que nos ha quedado claro estos días por activa y por pasiva. De hecho, soy de esas que creen en la justicia restaurativa y defiende que violadores, asesinos, maltratadores, ladrones y terroristas, guste o no, tienen derechos, entre ellos el de la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el carácter reforzado del derecho a la defensa no lo hace inmune ni ilimitado cuando su ejercicio no es responsable ni acorde a la deontología de la profesión.

Acabar con la transfobia no es cuestión de medallas

Cuando se despenalizó la cirugía de reasignación de sexo en 1982 era difícil imaginar lo que los 35 años siguientes iban a deparar a las personas transexuales. Más allá de su legítimo sueño de poder ser sin pasar por la cárcel, sufrir torturas y ver peligrar su propia vida, aquellos mal llamados ‘gais afeminados’ y ‘travestís’ ni sospechaban que, poco a poco (quizá demasiado lentamente), se iban a ir borrando las huellas de una persecución institucional hasta prácticamente el olvido. Sin embargo, veinte años después del primer gran avance en el reconocimiento de una mínima parte de sus derechos en la ley de 2007, la patologización, discriminación y violencia hacia las personas trans siguen siendo amparadas por cambios legales que no llegan. Las creencias religiosas de una minoría y el oportunismo político para colgarse medallas tienen demasiado peso en la actividad legislativa, aunque ello puede suponer seguir permitiendo que se vulneren sistemáticamente derechos fundamentales como la integridad, a la intimidad y a la vida.

La aclamada ley socialista de 2007 supuso, sin duda, un gran avance al reconocer legalmente el cambio registral del nombre y el sexo de las personas transexuales. Sin embargo, empieza a sonar a leyenda por lo mucho que cuesta materializar otros cambios legales más integrales y profundos que no vengan de la bancada socialista.

Es normal que el feminismo desconfíe de la Justicia

Hasta mil veces se ha llegado a cometer el mismo crimen en los últimos 14 años: un hombre mata a una mujer que era, o había sido, su pareja. Un millar de asesinatos después, es como si la Justicia siguiese sin comprender que estamos ante el patrón de algo que perfectamente se puede impedir. No se trata de un crimen pasional ni el desafortunado desenlace de un conflicto de pareja. La violencia de género no es algo imposible de predecir, al menos no para el sistema judicial.

La mayoría de asesinatos machistas están precedidos de denuncias de amenazas y control, no de agresiones físicas graves. Es en ese clima de dominación, acoso, intimidación, amenazas, control… donde se alimenta la violencia de género que los operadores jurídicos no ven cuando la mujer denuncia y llega el caso a sus dependencias. Es el machismo el que mata pero no es inquebrantable esta máxima. Se puede evitar, se debe evitar, pero para ello los operadores jurídicos deben dejar de ver irrelevantes conductas machistas criminales. Estas son parte de unos hechos graves que deben ser enjuiciados como parte del ciclo de la violencia de género y no como una mera expresión de los conflictos familiares. Basta de guiarse por las creencias personales o los prejuicios sexistas y clasistas, basta de desentenderse de la necesidad de formación más allá de los puntos que sumen al expediente.

Sobre violencia institucional racista pongamos que hablo de Melilla

Decenas de porteadoras esperan entrar en Ceuta con los fardos sobre sus espaldas. GONZALO TESTA

El Estado español es racista. Lo es cuando sus instituciones, y los agentes públicos que las representan, actúan de forma arbitraria y discrecional contra quienes no responden al patrón que se canturrea en el ‘yo soy español, español, español’.

Desde hace años, caso tras caso, distintas sentencias, hechos e informes vienen constatando que las autoridades españolas actúan (o permiten que se actúe) con un sesgo racista hacia las personas que por el color de su piel se podría interpretar que no son ‘de aquí’.

Ya sé que decir que España es racista es políticamente incorrecto. De hecho, la creencia mayoritaria (casi unánime) es que no lo somos: solo el 0,4% de los españoles (datos del último CIS) considera que el racismo es un problema del que tengamos que preocuparnos. A pesar de tenerlo delante, nos cuesta tanto verlo. “Seremos muchas otras cosas, pero racistas… no”.

¿Por qué una miss sí puede liderar una revolución feminista?

Bajo el hashtag #MisMedidasSon se viralizó hace una semana el vídeo de las 23 aspirantes a Miss Perú respondiendo a la pregunta de cuáles eran sus medidas con las cifras del feminicidio en su país.

La sorpresa fue monumental. El público del certamen rompió a aplaudir, las redes sociales se volcaron en muestras de apoyo e indignación y la prensa peruana se apropió del vídeo, las cifras y la denuncia que estas reflejan. Mientras, aquí, en España, a una parte del feminismo le ha resultado insuficiente el mensaje y resta legitimidad a la acción al tener lugar en un concurso de belleza.

¿Quién acosa a las putas?

Manifestación de prostitutas bajo el lema 'Madrid me multa', el 15 de febrero de 2014. JOHANNES MAHN

Sistemáticamente silenciadas. Se habla de ellas y, por supuesto, por ellas. Lo hacemos todas. No es que permanezcan calladas, tal y como reza la “putofoba” expresión “callada como una puta”. Es que cuando hablan, y lo hacen de aquello que no sirve para nutrir el argumentario de quienes piden abolir la prostitución o de quienes están a favor de regularla, no interesa lo que dicen. Son parte de los rastrojos, de la periferia de los temas que políticamente interesan. El estigma que lastran, las precede.

Las putas, las mujeres que ejercen la prostitución, las trabajadoras sexuales... (este es uno de los temas donde el uso del lenguaje no puede hacerse a la ligera) experimentan multitud de situaciones cotidianas en las que sus derechos como mujeres, ciudadanas, personas, son vulnerados. Sus experiencias y realidades están soterradas (o son utilizadas) en un debate que las atraviesa continuamente, el debate de si la prostitución es en sí una forma de violencia contra la mujer o puede entenderse (bajo condiciones de voluntariedad) como un tipo de actividad laboral.

¿Por qué a la derecha española le gusta tanto el verbo adoctrinar?

Manifestación de Hazte Oír en Madrid. EFE

No hay mejor defensa que un buen dogma y el de que los niños y niñas son adoctrinados por la izquierda, los radicales y los desviados, es un clásico al que vamos a tener que acostumbrarnos. La derecha en España, tanto la más conservadora como la neoliberal, ha leído a Noam Chomsky y ha descubierto en el octogenario lingüista norteamericano una fuente de inspiración. “Si no puedes con ellos, usa sus argumentos”, deben haber pensado. (Nótese la ironía)

La tesis del ‘adoctrinamiento’ en boca de quienes honran el orden, la disciplina y el (auto) control no debe sorprendernos. Como buen clásico (y buen dogma) es previsible que se vocifere cada vez que los defensores de la unidad -sea esta la de la patria, la cultural o la familiar- necesiten blindarse ante la diferencia, la diversidad, la disidencia o la disparidad. Para ellos, la universalidad de los derechos y libertades es un ataque mortal (y moral) a los credos en los que se sostiene el sistema del que extraen sus privilegios y un trato especial.

Ni vagos ni perdidos

Una de las manifestaciones convocadas por el colectivo 'Juventud Sin Futuro'.

Una cosa es la impotencia que provoca el desánimo y la frustración y otra, muy distinta, es que la gente joven viva despreocupada de la situación a la que se enfrentan cada mañana cuando se levantan. No es verdad que a las chicas y chicos entre 16 y 29 años todo les dé igual, pero en ellos predomina el desaliento. No es para menos, la altísima tasa de desempleo juvenil en España no es fruto de que los jóvenes no quieran trabajar sino, más bien, de que no les quieren contratar. Y cuando lo hacen, es a través de fórmulas precarias y mediando bonificación para el empleador.

Entre los países de la OCDE, España lidera el ranking de paro juvenil con casi un 40% de jóvenes desempleados. Una cifra que triplica la media de ese selecto ‘club de países ricos’. Los últimos datos publicados ayer, ahondan en el diagnóstico: en el mes de septiembre el paro juvenil aumentó un 11,8% y cuatro de cada diez nuevos parados son mujeres menores de 25 años.

¿Es necesaria una ley LGTBI?

Manifestación del Orgullo. EFE

La Ley de Igualdad LGTBI no es una ley penal ni tampoco una ley mordaza. Su texto es ambicioso, sin duda, y es cierto que su articulado recoge –como tantas normas administrativas– un régimen sancionador que debe ser afinado. Su finalidad no es castigar ni perseguir al tránsfobo, al homófobo o al bífobo, tampoco es adoctrinar a nadie. Esta Ley lo que busca es evitar las discriminaciones cotidianas e invisibles que sufren las personas por ser gais, lesbianas, bisexuales, trans o intersexuales (LGBTI). 

Tener que proyectar una ley de estas características, en esta ocasión para el colectivo LGBTI pero perfectamente planteable para otros colectivos vulnerables sistemáticamente discriminados en el día a día, debería llevar a pensar en la cantidad de resistencias que cada miembro de la sociedad transporta para que –una década después de haber logrado importantes avances legales en el reconocimiento de los derechos LGBTI– haya que ‘obligar’ a aceptar, integrar y normalizar la orientación sexual, la identidad de género y otras expresiones de género en los libros de texto, en las residencias de tercera edad, en los formularios públicos, en los catálogos de libros de las bibliotecas, en los recursos de servicios sociales, en las inscripciones de nacimiento, en la atención sanitaria, en los reglamentos de convivencia de los centros educativos... Y así, una lista de medidas que puede parecer interminable pero que, sobre todo, deja al descubierto la cantidad de espacios que a día de hoy no están libres de discriminación, de lgbtfobia.

No soy tu bollera

Imagen de El Periódico de Cataluña

La comparación que, a finales de julio, realizó Empar Moliner entre ser gay en Marruecos y ser catalán en España no la terminé de comprender.

No solo es que en Marruecos las relaciones consensuadas entre personas adultas del mismo sexo puedan llevar a la cárcel, sino que, además, cuando los homosexuales son señalados públicamente como tales, su vida e integridad física corre un serio peligro. Las lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) marroquís que huyen de Marruecos y piden protección internacional tratan, ante todo, de salvar su vida 'contra natura' de los insultos, amenazas, denuncias, linchamientos, palizas y violaciones de sus propios hermanos, padres, madres, vecinos, compañeros... y no solo de las leyes y los agentes estatales. Una situación objetivamente muy distinta de la que vive un catalán en España.