Hay defensas que ofenden: los imbéciles, la mentirosa y los tontos

"Pueden parecer imbéciles, patanes, infantiloides, simples y primarios, pero son buenos hijos y quieren a su familia". Este es uno de los principales argumentos del abogado Agustín Martín Becerra a la hora de pedir una sentencia absolutoria para los cinco miembros de ‘La Manada’. Con esta literalidad no lo esgrimió en la sala de vistas, sino ante la masiva audiencia que tiene un conocidísimo programa de televisión.

Que el derecho a la defensa es un derecho fundamental amparado por la Constitución es algo que nos ha quedado claro estos días por activa y por pasiva. De hecho, soy de esas que creen en la justicia restaurativa y defiende que violadores, asesinos, maltratadores, ladrones y terroristas, guste o no, tienen derechos, entre ellos el de la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el carácter reforzado del derecho a la defensa no lo hace inmune ni ilimitado cuando su ejercicio no es responsable ni acorde a la deontología de la profesión.

El caso de Juana Rivas: ruido y oportunidad perdida

Juana Rivas, en el centro con un pañuelo, en una manifestación para evitar la entrega de sus hijos al padre, condenado por violencia de género.

Aceptar la idea de que un hombre cuando agrede a la madre de sus hijos deja de ser un buen padre es algo que cuesta. Existe resistencia a ver la evidencia, incluso entre quienes están concienciados con la lacra de la violencia de género. Dos años después de que se aprobará la Ley de Infancia y Adolescencia todavía no se ha incorporado al pensamiento colectivo ni a la práctica judicial lo que entonces legalmente costó reconocer: que los niños, niñas y adolescentes que viven en un contexto de violencia de género también son víctimas de esta, al margen de que solo la presencien o la sufran personalmente. Desde ese momento, en nuestro ordenamiento, se les señala como víctimas del maltrato y hay juristas especializados como la fiscal decana de Málaga, Flor de Torres, que hablan de una nueva figura: el maltrato infantil de género.

El juicio a Cassandra Vera, ¿despropósito o transfobia?

¿Quién humilló a quién? Esa es la pregunta que me surge tras ver algunas imágenes del juicio a Cassandra Vera y leer la sentencia que la condena a un año de prisión, siete de inhabilitación y a pagar las costas del juicio por considerarla culpable de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por 13 tuits publicados entre noviembre de 2013 y enero de 2016. Aunque para ser exactos deberíamos decir que le han considerado culpable a él, no a ella. Por cierto, mucha gente no sabía que Cassandra es una mujer trans hasta que en la vista del juicio se ha escuchado a D. Pedro Martínez Torrijos (el Fiscal) y a los tres magistrados dirigirse a ella como si fuera un varón y no como mujer.

Al margen de que se supiera o no que Cassandra es una chica transgénero, lo relevante es que ella no se identifica como varón y ni se nombra como tal ni desea ser reconocida con una identidad masculina. Partiendo de esto, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debería haberla tratado como mujer durante la vista oral máxime cuando el eje central de la discusión era la humillación, el menosprecio, el descrédito, la perdida de estima, los amores propios heridos, la actitud irrespetuosa y… la dignidad de las personas.