Necesitamos otro sistema de protección social, necesitamos cuidados

 

Si algo está dejando en evidencia esta pandemia es la urgencia de reformar un sistema de protección social excesivamente burocrático y demasiado lento para ofrecer respuestas eficaces a situaciones de necesidad, un sistema que colapsa en situaciones de crisis y cronifica a las personas en exclusión y pobreza. Ya en 2015, a la hora de hacer frente a la crisis económica, la Comisión Europea diagnosticó el sistema de protección social español como “claramente ineficaz para reducir los niveles de pobreza relativa y desbordado por el aumento de las necesidades sociales generadas por la crisis". 

En estos cinco años, lejos de corregirse, la situación se ha enquistado pasando por encima no solo de los derechos de las personas que acuden a este sistema sino a costa de la salud laboral de los profesionales comprometidos con su función social que sortean la falta de recursos y de cuidados con los que desempeñan su trabajo. 

Un sistema de protección social que ni cuida ni se cuida

 

Foto: Javi

"Si se pudiera solucionar la pobreza con planes estratégicos y voluminosos informes, España estaría a la cabeza”. Esta es una de las demoledoras afirmaciones que contiene el informe que sobre nuestro país acaba de presentar el Relator Especial de extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas. Si hay pobreza en el Estado español, afirma Philip Alston, es porque durante la última década los distintos gobiernos (autonómicos, locales y centrales) han tomado la decisión política de que así sea mientras han ido aprobando políticas fiscales que han favorecido mucho más a las clases acomodadas que a las clases más empobrecidas. 

El representante de la ONU señala en su informe cómo España debe cambiar precisamente esas políticas, las tributarias. No habla de impuesto a los ricos porque sería una manera torpe y populista de autoboicotear el rigor de su propio informe. Pero sí dice que para luchar contra la pobreza hay que realizar las inversiones necesarias en materia de protección social, educación, vivienda y sanidad, además de lograr un presupuesto equilibrado con un sistema suficientemente progresivo y detener el fraude fiscal y la evasión de impuestos. En definitiva, si las administraciones públicas quieren que su ciudadanía tenga unas condiciones de vida mínimamente cubiertas, el dinero público ha de estar en las arcas del Estado.