El derecho de las mujeres a los espacios públicos

Fotografía: Maite Recalde

Desde la lógica de los derechos humanos, el espacio público está por todas partes. Prácticamente todo lo que nos rodea, incluso las redes sociales, sería espacio público entendido como los lugares en los que se despliegan nuestros derechos civiles y nuestros derechos políticos. La libertad de expresión, de pensamiento, la igualdad, la participación, el respeto a la integridad personal serían solo algunos de esos derechos que, lejos de desaparecer, se convierten en esenciales cuando estamos en las calles, en los parques y en los supermercados, esperando en la fila de una institución, en una sala de reuniones, en los pasillos de las estaciones y los vagones de tren, en las aulas y patios de las escuelas y, por supuesto, también en un plató de televisión o en una sala de comparecencias del Congreso de los Diputados. 

Ninguno de estos derechos es absoluto. Sin embargo, son absolutamente imprescindibles en un sistema democrático basado en los instrumentos de derechos humanos. El derecho al espacio público es indispensable para la sana subsistencia humana y para la convivencia pacífica. El derecho al espacio público resulta especialmente importante para quienes han sido excluidas y excluidos de esos lugares de todos en base a creencias erróneas, estereotipadas y prejuicios infundados. El derecho a ser, estar y desarrollar actividades individuales y colectivas en el espacio público sin miedo ni restricciones es parte de uno de los pilares de un sistema democrático: los derechos civiles y políticos. 

Independencia judicial y perspectiva de género: el falso dilema

 

Foto: gaelx

Hace más de 10 años, en 2009, la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó las "Normas mínimas para evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje administrativo del CGPJ". Sin embargo, según señala el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial –aprobado en enero del 2020, siete años después del primero– sus prescripciones siguen sin ser tenidas presentes por los órganos técnicos del CGPJ. Sobre estos inexistentes mimbres, y sin analizar por qué es tan complicado que se asuman poco más de dos hojas de indicaciones elementales sobre el lenguaje no sexista, el II Plan de Igualdad propone que esas (mínimas) normas mínimas también se incorporen el Manual de Estilo del CGPJ, en el Libro de Estilo de la Justicia y en los formularios recogidos en los sistemas de gestión procesal.

En las casi 90 hojas del II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, –además de hacer un balance que deja en evidencia como el CGPJ ha estado más de una década escurriendo el bulto de la obligatoriedad de implementar la perspectiva de género– se observa como se quiere pisar el acelerador para que la judicatura se ponga al día con las diferentes Directivas europeas, Recomendaciones de Naciones Unidas e instrumentos que exigen a España que el principio de integración de la dimensión de género se vincule en la actividad jurídica y jurisdiccional.

Colectivizar el dolor y la rabia contra las violencias machistas

 

Foto: Angula Berria

Cualquier solución a las violencias que sufren las niñas, adolescentes, mujeres y disidencias al código patriarcal de la cisheterosexualidad blanca colonialista pasa por afrontar las desigualdades que anclan esas creencias de superioridad que transfieren los prejuicios y sesgos. Esos que justifican que sus deseos y sus derechos sean desechables y sus cuerpos puedan ser agredidos y sus vidas asesinadas.

No podemos mirar hacia otro lado, ni desde los feminismos ni desde los movimientos sociales pro-derechos, cuando el mundo está estructurado violentamente y de forma desigual. Renunciar a nuestra capacidad de reaccionar ante las violencias machistas, ante las cifras, los testimonios y las evidencias no es aceptable. Solo colectivizando ese dolor y esa rabia es posible construir consensos y solidaridad. Por eso, la derecha extrema y descentrada ataca esas acciones colectivas que son las declaraciones institucionales y los minutos de silencio, que son las manifestaciones y las concentraciones contra las violencias machistas, que son los movimientos que encarnan los feminismos. Intentan, de esa forma, a que las instituciones democráticas renuncien a condenar las violencias de género.

El niño temblaba

 

Foto: Angeloux

No sé cuántos de ustedes, siendo niños, siendo niñas, han temblado de miedo. No sé si, de ser así, en aquel momento encontraron consuelo, si alguien les abrazó, les dijo que no pasaba nada, logró calmarles y, efectivamente, así fue, no pasó nada. De ser así, tuvieron la fortuna de encontrar a su lado adultos protectores que les aseguraron final feliz a un momento de pánico. Sin embargo, muchas veces, demasiadas, no hay finales felices para los miedos, la ansiedad, el susto que hacen temblar a millones y millones de niños, niñas y adolescentes. También en nuestro país.  

Si los datos sirvieran de algo más que para ofrecer titulares a los medios de comunicación, las cifras que reproducen sin mucha pasión porque afectan a la infancia y a la adolescencia, deberían cambiar el rumbo de las políticas, pero sobre todo de las decisiones administrativas y resoluciones judiciales que afectan directamente a la integridad física, sexual y emocional de niñas, niños y adolescentes. 

El feminismo imparable no adoctrina, transforma

Foto: Fotografías Emergentes

En medio del mayor ataque que está sufriendo nuestra democracia por la retórica separatista y confrontativa de la ultraderecha, el feminismo sale y saldrá masivamente a la calle. No hemos necesitado que nos pusieran autobuses ni que nos repartieran banderas ni pancartas ya hechas y prefabricadas. Nuestros mensajes vienen de casa, se han coloreado en las asambleas y las plazas y se inspiran en el día a día donde vemos y vivimos el machismo y la violencia sexista que nos hemos hartado de aguantar. No hemos necesitado que viniera nadie a decirnos qué gritar ni, por supuesto, necesitamos que nadie nos diga qué votar. El feminismo no tiene dueños ni dueñas, no porque lo digan las derechas o las izquierdas sino porque el feminismo es libertad (acabado en D).

Francisco Serrano sale a cazar

Foto: Hazte Oír

Perseguir a alguien por sus ideas está prohibido en nuestro país porque la libertad ideológica es uno de esos pilares fundamentales de nuestra democracia, algo que recoge la Constitución en su artículo 16. Pero si, además, el motivo que da pie a esa persecución y purga (la falsa “ideología de género”) es un invento proyectado desde una ideología ultra y totalitaria, estamos ante un posible delito de odio por motivos ideológicos, algo que está tipificado en nuestro Código Penal.

Desacreditar y despreciar de forma sistemática, como hace Francisco Serrano, a quienes luchan contra la violencia de género es, sencillamente, incitar, atacar y perseguir de forma sistemática, injustificada e injustificable a quien, desde un organismo, organización o entidad, está prestando un servicio recogido y estipulado en nuestras leyes y en la normativa internacional que España ha de respetar. Teñir de sospecha la labor profesional de quienes se dedican a informar, asesorar y acompañar a las mujeres no ha sido suficiente para el juez condenado por prevaricación y líder andaluz de Vox. Ahora, su propuesta es que el Parlamento andaluz recabe los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, de los equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de los equipos de Menores de la región que evalúan el riesgo que sufren las mujeres víctimas de violencia machista. Su objetivo es ver si están colegiados, capacitados e ideologizados. Más allá de que se esta extralimitando en su función, justifica la necesidad en unas supuestas denuncias que de haberse hecho (a ver si van a ser falsas, Sr. Serrano) deberían tramitarse en los organismos destinados a tal efecto. No es competencia suya pedir al Parlamento que escudriñe sin motivo objetivo y de forma indiscriminada y arbitraria la labor profesional de todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la violencia machista.

La violencia de género no es un accidente de tráfico

Foto: Fotografia cnj

La proposición de ley que se ha aprobado en el Congreso mejora la pensión que hasta ahora recibían las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género. Pasan de los 140 euros mensuales a los 600 euros, como mínimo, cuando las mujeres no hayan cotizado. La nueva ley afianza y afina una modificación que ya introdujo la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015 que aprobó el PP. Esta reconocía que estos huérfanos debían percibir la pensión absoluta equiparando la prestación a la que se concede cuando el progenitor sobreviviente abandona a sus hijos. De esta forma, queda claro el mensaje a entrever: cuando un padre asesina a la madre, está abandonado a sus hijos.

La ley aprobada (matizable y mejorable, como todas las que aparentan consenso y tardan años en aprobarse) da un paso más en ese reconocimiento de víctimas que debe otorgarse a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Más allá del hecho de ahorrar trámites e incrementar cuantías, de lo que estamos hablando es de acercar un derecho a una cuantía que reconozca y repare el daño que causa una violencia estructural que, por volumen, motivación y perfil de agresores y víctimas, perfectamente, podría calificarse como feminicidio.

Asesinatos, suicidios y violencia machista

Foto: gaelx

En los crímenes machistas, como el que ha tenido lugar esta semana en Reus, el orden de los factores sí altera el valor del producto. Un chico de 19 años se tira por la ventana tras decapitar a una chica de 17. Un hombre se suicida tras asesinar a una mujer, un patrón desafortunadamente frecuente.

Nadie cree (desde luego yo lo tengo muy claro) que si ese orden se invirtiese esa sería la solución al gravísimo problema de la violencia de género que nos destruye. Es cierto que, de haberse dado esa alteración en la ecuación, decenas de mujeres, niñas y niños seguirían con vida, y que si yo fuera familiar o amiga de alguna de estas víctimas estaría en mi legítimo deseo de que estos factores se hubiesen alterado para que el hombre que asesinó a mi ser querido, si se iba a quitar la vida, lo hubiera hecho antes de matarla. Pero no, no solo es que esa no sea la solución a esta lacra social, sino que la realidad nos dice que los criminales machistas prefieren matar antes de morir. Ese es parte de su ritual de amenazas y violencia contra la mujer, es parte de su culto a un tipo de masculinidad agresiva y vacía que, en vez de pedir ayuda o buscar otras referencias, se alimenta del dolor, infelicidad, miedo y sumisión que provocan a su alrededor. Suicidarse después de asesinar es parte del horror de la violencia machista, pero eso no exculpa a sus autores de sus crímenes y ni mucho menos les convierte en víctimas en otras estadísticas.

Le pegué porque era mío

Foto: Dunna1

No todas las violencias son iguales por mucho que lo repitan (una y otra vez) Casado, Egea y Vox. No lo son, principalmente, porque cada forma de violencia responde a un tipo de motivación, es decir, oculta (aunque veces no tanto) una serie de valoraciones y creencias sobre la persona que es víctima. Son esos motivos los que permiten a su autor encontrar esa especie de legitimidad que le ayuda a justificarse (antes, durante y/o después) de dañar a alguien. Comprender esto para plantear políticas y soluciones en términos de educación, convivencia y derechos es querer lo mejor para una sociedad y un país, al margen de las creencias personalistas de los que solo miran por lo suyo y a corto plazo.

Las lagunas en Derecho del licenciado Casado

Foto: European People's Party

“El patrimonio exclusivo de la defensa de la mujer y de la defensa de aquellas personas que son más desfavorecidas”, como dijo este jueves Pablo Casado, por supuesto que no lo tiene la izquierda. El patrimonio exclusivo de la defensa de cada una de las personas que las declaraciones de derechos humanos nos señalan como ‘vulnerables’ (no porque seamos débiles sino porque nuestros derechos son sistemáticamente vulnerados por quienes se creen superiores y ocupan posiciones sociales de poder) lo tenemos las propias personas titulares de derechos. La voz, al igual que los derechos, son patrimonio nuestro.

Sin embargo, lo que sí tienen los partidos políticos –sean de izquierda, centro o derecha, cuando legislan y gobiernan–, es la responsabilidad intransferible de que no se produzcan vulneraciones y violaciones de derechos. Es decir, cuando un partido asume el poder ejecutivo es suya la obligación última de proteger, garantizar y promover los derechos de todas las personas en su territorio, regularizadas o no. Indistintamente, por supuesto. Pero existe un importantísimo matiz. Para la efectiva aplicación de ese principio de igualdad, el artículo 14 que ahora tanto invocan Vox y Partido Popular, los gobiernos tienen que velar de forma especial y diferenciada por esas personas que formamos parte de los colectivos nombrados como vulnerables y entre lo cuáles (muy a pesar de algunos) se encuentran las mujeres pero no los hombres.

Asco

Foto: Pablo Ibáñez

Cada vez que leo los hechos probados del caso de 'la manada' siento asco. Por lo que describen, por el trato humillante y denigrante que ha recibido la chica víctima de 18 años, por la prepotencia y desprecio con el que cinco tíos la dejaron tirada en el suelo después de usarla y vejarla sexualmente, por el descaro de sus defensas a la hora de culpar a la chica y enaltecer a sus clientes tildándolos de buenos chicos y por la condena ejemplar a las mujeres que vuelve a ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

A pesar de saber que los hay, me cuesta creer que alguien cercano al entorno de los condenados pueda llegar a justificar o relativizar los actos por los que se les mandará de nuevo a prisión cuando lo tenga a bien el primer tribunal que les condenó. Creo que quien se sitúa en ese "si estas contra ellos, estás contra mi" se olvida de lo evidente y fácil de entender que es que nadie, absolutamente nadie, tampoco una mujer por mucho que esté de fiesta, se merece un maltrato sexual así: de usar y tirar, de aprovecharse de ella y abandonarla en medio de una escalera, después de traspasar los límites más elementales que existen de respeto a la integridad sexual. Me duele, pero este caso me produce rechazo hacia quienes se enrocan en un machismo que roza el sadismo al no querer reconocer que en el relato de los hechos hay un inequívoco trato cruel, inhumano y degradante a una chavala muy joven.

Con lo que más te duele

Urban ladscape (2003) - Bartolmeu Cid dos Santos (1931-2008)

Hace casi cuatro años escribí una columna que se titulaba exactamente igual que esta. En aquel momento, noviembre de 2014, todavía no se había aprobado la Ley de Infancia y Adolescencia que reconocía, por primera vez, que las hijas e hijos de las mujeres víctimas de la violencia machista debían ser reconocidos, en contra de lo que venían haciendo la mayoría de jueces y fiscales, como víctimas de la violencia de género al igual que sus madres. Cuando se aprobó la ley, en julio de 2015, fuimos muchas las personas en contacto con esta realidad que creímos que, más allá de que fuera un tema de puro sentido común, el aval de la norma iba a lograr que se protegiese por fin a los menores de edad frente a las situaciones de violencia que vivían en sus propios hogares. Pensamos que de esta forma los operadores jurídicos iban a empezar a replantearse sus actuaciones y considerar (aunque fuera forzados por la ley) la posibilidad de escuchar a las niñas y niños. Creímos que pensarían en su integridad moral, física, psíquica y sexual y se olvidarían de la conservadora Circular nº4/2005 que había dictado la Fiscalía General del Estado en la que desaconsejaba "la suspensión absoluta de cualquier régimen de visitas del agresor para con los hijos comunes" porque podía romper, de manera inadecuada, ¿una relación paterno-filial bien estructurada?

Veintinueve

Foto: María Eugenia Mahía

El pasado 29 de agosto moría Natalya Balyuk, una vecina de Huarte (Navarra). Lo hacía en el hospital. Ingresó inconsciente con multitud de golpes en la espalda y en la cabeza. El hombre que llamó al 112, su marido, dijo que se había caído en el baño. Su madre, la de él, limpió el domicilio para eliminar cualquier rastro que incriminara a su hijo. Este, tras los interrogatorios correspondientes, entró en prisión sin fianza. Está acusado de asesinar a su esposa. Natalya tenía 38 años.

Hace tres años, cuando la pareja residía en otra localidad, alguien alertó de que ella podía estar sufriendo malos tratos. Se abrieron las oportunas diligencias policiales, pero la mujer no quiso ni denunciar ni que la explorara el médico forense.  Se archivaron las actuaciones tanto en este como en otro procedimiento similar un año después. Al no denunciar, se archivaron los casos. Posiblemente, Natalya desconocía, cuando fue asesinada, que 26 días antes había sido aprobado y entraba en vigor un Real Decreto que le podía otorgar protección sin necesidad de denunciar. Para acceder a la misma hubiera necesitado el informe del Ministerio Fiscal o de los Servicios Sociales o de otro organismo especializado con reconocimiento oficial. Aunque contaban en el vecindario que se la veía abatida y abandonada y en el año y medio que vivió en Huarte no pisó un centro de salud ni acudió a Servicios Sociales. Es más que probable, imagino, que los dos intentos frustrados de enjuiciar a su marido le dejaran huella…  

Ni insolentes ni mediáticas, a la Justicia le gustan calladas

Foto: gaelx

A muchos jueces no les gusta que salgamos pacíficamente a las calles ni llenemos las redes sociales de mensajes que apoyan a las mujeres víctimas de las violencias de género. No les gusta que se cuestionen sus decisiones ni sentir que la opinión pública les pone entre la espada y la pared. Sienten esa crítica masiva como un ataque a su independencia judicial, una especie de embestida de la que no saben zafarse cuando, en cambio, sí lo hacen de otro tipo de presiones mayores como las de la delincuencia organizada o las propias altas esferas de poder. Desde hace muchos años están inmersos en una forma de funcionar en la que el cuestionamiento es insolencia y la desobediencia se debe castigar de forma ejemplar. No comprenden a qué nos referimos cuando hablamos de Justicia patriarcal y siguen sin aceptar que juzgar y emitir opiniones de valor sobre la mujer víctima y los hechos no es ninguna forma de interpretación de la ley. Se les hace cuesta arriba juzgar con perspectiva de género porque no saben cómo aislarse de los sesgos machistas que encontramos en sus sentencias. Les extraña que feministas,  activistas y juristas (con enfoque de derechos humanos y de género) nos llevamos las manos a la cabeza, porque están acostumbrados a que sus decisiones se acaten con respeto, "aunque algunas duelan más".

Hasta que la muerte os separe y el Supremo lo sentencie

Una frase categórica y trágica ha venido sellando, desde hace décadas, los matrimonios de millones de hombres y mujeres. “Hasta que la muerte os separe” es una de esas fórmulas que, aunque suene antigua, produce escalofríos al ver las cifras de la violencia machista. Esta expresión, aunque parece utilizarse cada vez menos, no es inocua y es una de las que envenena las raíces de lo que debe ser una relación libre de pareja. La falsa idea de indivisibilidad del matrimonio viene a decir que es la muerte la que pone fin al amor. Mentira. La muerte nunca es el punto de inflexión de una relación. Esta, guste o no, se acaba cuando se termina el amor, cuando la relación no es lo que se espera, cuando el sentimiento estrangula, o, sencillamente, cuando eso no es amor.

La muerte tiene muy poco que decir en cómo finaliza una relación. Más bien, nada que decir. Sin embargo, las mujeres siguen siendo asesinadas por hombres que no aceptan que ellas sean libres de irse o quedarse, de estar o marcharse, de vestir de una forma o de la otra, de tener amigas o amigos, de entrar y salir… Matar como punto y final, como ejercicio supremo de dominación sobre la mujer. Da igual que apenas haya cumplido los 20 años o, como ha sido el caso de la mujer asesinada este martes en Astorga, tenga ya los 60. No es un tema de culturas, es un tema cultural. No es un asunto de edades ni raza ni nacionalidad. Tampoco lo es de clase social. La violencia machista es un tema de adoctrinamiento, de complicidad y de impunidad.

No sé si nos toman por idiotas o ya es un asunto personal

De: Fotoenmovimiento.org

El auto de puesta en libertad a los miembros de ‘la manada’ está siendo interpretado como un agravio al sentido común y una ofensa al sentir popular. Más allá de esto, desde una lectura jurídica, volvemos a comprobar el caso omiso que se hace a la palabra de la víctima, a la defensa de sus intereses, a la perspectiva de género y a la necesidad de cambios procesales que incorporen los peritajes psicológicos a la hora de valorar la reincidencia en los casos de violencia sexual.

Además, existe en este auto -como pasaba con la sentencia de este mismo tribunal- una disonancia total entre los motivos que se detallan para pedir que se prorrogue la prisión y lo que finalmente se dice en su resolución. Esta vez, la fundamentación jurídica -ajena a lo que plantean las partes que representan a la víctima- termina construyendo de forma paralela una realidad que da por hecho que lo único que se discute es si debe aplicarse automáticamente la continuidad en prisión. Y esto no es verdad. Ninguna de las partes que se opone a la libertad provisional plantea que los miembros de ‘la manada’ sigan en la cárcel porque sí, por el solo hecho de que haya una condena.

Las feministas blancas comemos fresas

Las mujeres denunciantes, este lunes ante la Inspección de Trabajo en Huelva

Hace unos días, un representante marroquí de una organización LGBTI me recriminó que desde el feminismo de las blancas apenas nos estábamos movilizando para apoyar a sus compatriotas, las temporeras que recogen la fresa en los campos de Huelva. En las últimas semanas ha sido su testimonio, el de decenas de mujeres, el que ha puesto al descubierto la explotación laboral que padecen, pero no solo. Junto a las indignas condiciones laborales que sufren relatan situaciones de hostigamiento, violencia sexual, chantaje, agresiones físicas, insultos y vejaciones. ¿Por parte de quien? Obvio, de sus superiores. Tras este tirón de orejas me quedé pensativa y no tuve más remedio que asentir. Así es, las feministas blancas (quitando notables y admiradas excepciones) no hemos movido ni un pie por las temporeras marroquíes. Ni desde las redes ni desde las calles ni desde las instituciones.

Señalar con nombre y apellidos, ¿es ese el camino?

Foto: Violeta Assiego

No creo que las redes sociales sean el medio para hacer justicia, conocer la verdad y para que las víctimas tengan una reparación efectiva. Sin embargo, las redes están teniendo una función clave a la hora de dar a conocer aquello que hasta ahora se ha venido callando y reprimiendo: las violencias sexuales contra las mujeres. Las redes sociales, no solo en España, se han convertido en el espacio donde las mujeres –negada y atacada nuestra libertad sexual por quienes deben protegerla– hemos encontrado la libertad para contar y la sororidad de hacerlo sin miedo. A través de Twitter, Facebook e Instagram se ha logrado que se deje de ningunear un problema que pone al descubierto que ante los próceres de la sociedad patriarcal ser mujer es sinónimo de dominación, abuso y castigo.

A pesar de todo esto, o precisamente por todo esto, no puedo celebrar los señalamientos que han tenido lugar esta última semana a hombres, con nombre y apellidos. Miro con cautela, que no con desconfianza, la denuncia pública que han protagonizado multitud de mujeres anónimas. Era de esperar que pasara algo así al constatar con  el #Cuéntalo (por si quedaban dudas) el abanico de violencias que sufrimos las mujeres. Acoso, abusos, agresiones, humillaciones y maltrato son experiencias demasiado frecuentes, y la hartura, indignación e impotencia que provocan necesitan canales por los que aflorar. Pero, a mi juicio, no es una buena noticia que uno sea a través de señalamientos cómo los que han tenido lugar estos días.

Condena ejemplar del patriarcado a las mujeres

Foto: Gaelx

La mujer está para lo que está y el hombre, ya sabemos, que para disfrutar. Él puede saciar su deseo con todo aquello que le dé placer, y la mujer, a todo esto, solo le sirve para saciar su sed. Él es libre. Las mujeres estamos aquí para él. La sociedad le refuerza y las resoluciones judiciales también. La libertad es cosa de hombres y la libertad sexual también. Para él imponer no es violencia ni intimidación, los hombres son así, siempre han sido así.  

La condena de 9 años de prisión a 'la manada' podría calificarse de escandalosa (que lo es) si no fuera porque esta Justicia, machista y patriarcal, es la que lleva desde hace más de 10 años juzgando la violencia de género a regañadientes, sin entender que en sus manos está no solo nuestra integridad y seguridad (la de las mujeres) sino la de toda la sociedad. La condena de hoy me atraviesa de arriba abajo, pero en realidad es un fiel retrato del sistema machista que nos domina y que naturaliza las violencias de cada día. Un sistema que refuerza el rol dominador del hombre mientras detesta el feminismo que cuestiona sus pilares, sus conceptos y sus violencias.

Violencia en las parejas del mismo sexo, ¿es violencia de género?

Foto: Espacio lesbiano

No es baladí el nombre que se dé a la violencia que agrede y mata dentro de una relación de pareja entre personas del mismo sexo. Desde nuestro marco legal, esta no es calificada como ‘violencia de género’ sino como ‘violencia doméstica de pareja’. El hecho de que sea así tiene un sentido. Sin embargo, desde un enfoque feminista que denuncie las opresiones del cisheteropatriarcado toca actualizar los ‘por qué’ para que no queden sin denunciar ni atender las opresiones comunes que se dan en la denominada violencia intragénero.

Mientras lo hacemos, el neomachismo aprovecha cada ocasión para inocular en la sociedad el mensaje de que la mujer –en el ámbito de la violencia de género– tiene un tratamiento privilegiado ante la Ley. No solo porque se discrimine a los hombres que son agredidos por sus mujeres sino porque (a su juicio) las leyes también relegan a “ciudadanos de segunda categoría” a gais y lesbianas cuando sufren maltrato en sus relaciones afectivas.