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| Foto: María Eugenia Mahía |
El pasado 29 de agosto moría Natalya Balyuk, una vecina de Huarte (Navarra). Lo hacía en el hospital. Ingresó inconsciente con multitud de golpes en la espalda y en la cabeza. El hombre que llamó al 112, su marido, dijo que se había caído en el baño. Su madre, la de él, limpió el domicilio para eliminar cualquier rastro que incriminara a su hijo. Este, tras los interrogatorios correspondientes, entró en prisión sin fianza. Está acusado de asesinar a su esposa. Natalya tenía 38 años.
Hace tres años, cuando la pareja residía en otra localidad, alguien alertó de que ella podía estar sufriendo malos tratos. Se abrieron las oportunas diligencias policiales, pero la mujer no quiso ni denunciar ni que la explorara el médico forense. Se archivaron las actuaciones tanto en este como en otro procedimiento similar un año después. Al no denunciar, se archivaron los casos. Posiblemente, Natalya desconocía, cuando fue asesinada, que 26 días antes había sido aprobado y entraba en vigor un Real Decreto que le podía otorgar protección sin necesidad de denunciar. Para acceder a la misma hubiera necesitado el informe del Ministerio Fiscal o de los Servicios Sociales o de otro organismo especializado con reconocimiento oficial. Aunque contaban en el vecindario que se la veía abatida y abandonada y en el año y medio que vivió en Huarte no pisó un centro de salud ni acudió a Servicios Sociales. Es más que probable, imagino, que los dos intentos frustrados de enjuiciar a su marido le dejaran huella…




