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| Tnarik Innael |
El 27 de diciembre se vacunó, por primera vez, en España, de la COVID-19 a Araceli. Dos días más tarde, sin concurso público, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó una licitación a la organización Cruz Roja por valor de 804.098 euros para apoyar en la campaña de vacunación con 25 trabajadores sanitarios durante cinco meses. Con la percha de la emergencia inaplazable, el Gobierno de Ayuso y Aguado reincide y entrega una cantidad importante de dinero público a una entidad privada como Cruz Roja. Una entidad muy importante pero ajena al Servicio Madrileño de Salud y, por tanto, con una eficacia muy limitada.
No es la primera ni la única vez que Cruz Roja se ha prestado a formar parte del plan de privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Hace poco más de un año, el gobierno de coalición del PP y Ciudadanos renovó con la entidad la privatización de las donaciones de sangre que se inició en 2013. Entonces, el responsable de la cartera de Sanidad era Javier Fernández-Lasquetty, el mismo que actualmente es consejero de Hacienda y Función Pública y el responsable de fiscalizar a dónde va el dinero público.



















