Cuando se despenalizó la cirugía de reasignación de sexo en 1982 era difícil imaginar lo que los 35 años siguientes iban a deparar a las personas transexuales. Más allá de su legítimo sueño de poder ser sin pasar por la cárcel, sufrir torturas y ver peligrar su propia vida, aquellos mal llamados ‘gais afeminados’ y ‘travestís’ ni sospechaban que, poco a poco (quizá demasiado lentamente), se iban a ir borrando las huellas de una persecución institucional hasta prácticamente el olvido. Sin embargo, veinte años después del primer gran avance en el reconocimiento de una mínima parte de sus derechos en la ley de 2007, la patologización, discriminación y violencia hacia las personas trans siguen siendo amparadas por cambios legales que no llegan. Las creencias religiosas de una minoría y el oportunismo político para colgarse medallas tienen demasiado peso en la actividad legislativa, aunque ello puede suponer seguir permitiendo que se vulneren sistemáticamente derechos fundamentales como la integridad, a la intimidad y a la vida.
La aclamada ley socialista de 2007 supuso, sin duda, un gran avance al reconocer legalmente el cambio registral del nombre y el sexo de las personas transexuales. Sin embargo, empieza a sonar a leyenda por lo mucho que cuesta materializar otros cambios legales más integrales y profundos que no vengan de la bancada socialista.
