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| Foto: European People's Party |
“El patrimonio exclusivo de la defensa de la mujer y de la defensa de aquellas personas que son más desfavorecidas”, como dijo este jueves Pablo Casado, por supuesto que no lo tiene la izquierda. El patrimonio exclusivo de la defensa de cada una de las personas que las declaraciones de derechos humanos nos señalan como ‘vulnerables’ (no porque seamos débiles sino porque nuestros derechos son sistemáticamente vulnerados por quienes se creen superiores y ocupan posiciones sociales de poder) lo tenemos las propias personas titulares de derechos. La voz, al igual que los derechos, son patrimonio nuestro.
Sin embargo, lo que sí tienen los partidos políticos –sean de izquierda, centro o derecha, cuando legislan y gobiernan–, es la responsabilidad intransferible de que no se produzcan vulneraciones y violaciones de derechos. Es decir, cuando un partido asume el poder ejecutivo es suya la obligación última de proteger, garantizar y promover los derechos de todas las personas en su territorio, regularizadas o no. Indistintamente, por supuesto. Pero existe un importantísimo matiz. Para la efectiva aplicación de ese principio de igualdad, el artículo 14 que ahora tanto invocan Vox y Partido Popular, los gobiernos tienen que velar de forma especial y diferenciada por esas personas que formamos parte de los colectivos nombrados como vulnerables y entre lo cuáles (muy a pesar de algunos) se encuentran las mujeres pero no los hombres.

