Hacerse cargo del miedo o alimentar la alarma social

Foto: George Ian Bowles

El miedo colectivo, y el individual, está ahí. Es parte de la sobrecarga emocional que venimos arrastrando en estos últimos siete meses desde que tomamos conciencia, vía estado de alarma, de nuestras vidas por la letalidad y gravedad del Sars Cov 2. Con el desconfinamiento pensábamos que llegaría una normalidad nueva pero similar a la anterior y que el miedo se iría diluyendo. Sin embargo, no ha sido así. A las puertas del reconocimiento oficial de que estamos en una segunda ola de pandemia, ese miedo (que nunca se fue) rebrota como el virus y la pregunta es –ahora que vuelve a escucharse eso de que nos preparemos para semanas duras–saber cómo se van a hacer cargo los responsables públicos, políticos, representantes institucionales y organizaciones de la sociedad civil de esta emoción tabú a ser mencionada.

Pero lo cierto es que ante un escenario de más confinamientos (aunque sean selectivos) y agravamientos de los problemas sociales, económicos y vitales por esta segunda oleada y un contexto de bulos y auge de la extrema derecha es necesario que sindicatos, organizaciones del tercer sector, medios de comunicación, asociaciones vecinales, servicios públicos y básicos para la comunidad, organismos oficiales vinculados al empleo, las ayudas públicas y servicios sociales, la sanidad o la educación se planteen seriamente cómo se van a hacer cargo del miedo colectivo porque de lo contrario lo harán otros que no buscan, precisamente, que la sociedad conecte con su potencial de superación y apoyo mutuo, sino más bien todo lo contrario.

Un sistema de protección social que ni cuida ni se cuida

 

Foto: Javi

"Si se pudiera solucionar la pobreza con planes estratégicos y voluminosos informes, España estaría a la cabeza”. Esta es una de las demoledoras afirmaciones que contiene el informe que sobre nuestro país acaba de presentar el Relator Especial de extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas. Si hay pobreza en el Estado español, afirma Philip Alston, es porque durante la última década los distintos gobiernos (autonómicos, locales y centrales) han tomado la decisión política de que así sea mientras han ido aprobando políticas fiscales que han favorecido mucho más a las clases acomodadas que a las clases más empobrecidas. 

El representante de la ONU señala en su informe cómo España debe cambiar precisamente esas políticas, las tributarias. No habla de impuesto a los ricos porque sería una manera torpe y populista de autoboicotear el rigor de su propio informe. Pero sí dice que para luchar contra la pobreza hay que realizar las inversiones necesarias en materia de protección social, educación, vivienda y sanidad, además de lograr un presupuesto equilibrado con un sistema suficientemente progresivo y detener el fraude fiscal y la evasión de impuestos. En definitiva, si las administraciones públicas quieren que su ciudadanía tenga unas condiciones de vida mínimamente cubiertas, el dinero público ha de estar en las arcas del Estado.