Equivocar el camino: criminalización, alarmismo y confrontación

 

Foto: Paula Muñoz Gallardo

Ocho meses después de que la OMS declarase la pandemia a nivel mundial por COVID-19, en España –al igual que ya han hecho otras democracias europeas como Francia o Bélgica– parece que desde el Ministerio de Sanidad se valora la idoneidad de medidas más drásticas para frenar la cifra de contagios y, entre estas, se habla del toque de queda. Dicho así, sin más, "toque de queda", sin aclarar en qué consistiría –y desde su significado en los instrumentos de derechos humanos– suena muy fuerte. Al igual que en su momento rechazamos el uso de la terminología bélica para hacer frente a una pandemia que es un problema de salud pública, es necesario rechazar el uso del lenguaje restrictivo de derechos para referirse a medidas que deben dar respuesta a un problema sanitario y no de seguridad ciudadana.

El "toque de queda" es una medida muy excepcional cuya regulación legal no es homogénea a todos los Estados europeos, es decir, no es comparable estrictamente su regulación en Francia o Bélgica a la que existe en España. En cualquier caso, su significado jurídico y legal, desde la filosofía del Derecho, es el de garantizar la seguridad, atenuar los disturbios o minimizar enfrentamientos. O, dicho en otras palabras, "toque de queda" es sinónimo de "falta de orden y seguridad". De hecho, la última vez que se adoptó en España fue durante la noche del golpe de estado de 1981.

La sinceridad democrática de la derecha está en entredicho

 

Foto: Parlamento europeo

Mientras en diferentes lugares de Europa se están llegando a adoptar decisiones delicadísimas para combatir la segunda ola de la COVID19, como por ejemplo decretar el toque de queda; en España, desde la oposición extrema de la derecha se acusa al presidente Pedro Sánchez de "dictador" por decretar el estado de alarma en Madrid tras errar el gobierno de la Comunidad en cómo formular la petición de las medidas de limitación de movilidad al Tribunal Superior de Justicia. 

Fue la no mención de una ley de 1986 por parte de los de Ayuso –tal y como sí hizo la Junta de Castilla y León– la que llevó al TSJ a la decisión de desestimar la única medida que ha implicado la declaración del estado de alarma: la restricción de entrada y salida de determinados municipios. Lejos de reconocer su error (si es que realmente lo fue), pudiera parecer que la gente de Casado en las instituciones que gobiernan Madrid estuviese marcando las tareas que van completando en una checklist interna destinada a escalar la tensión con el Gobierno central. 

El problema no son los locos, son los fascistas

 

Foto: Hernán Piñera

"Ayuso NO está loca. Igual que aprendimos a no excusar a los maltratadores por enfermos, porque sabemos que no lo son: son hijos sanos del patriarcado...; Ayuso no está loca, es una hija sana del neoliberalismo. No es su salud mental, es su ideología. No es locura, es capitalismo". Este tuit que publicó Marta Plaza hace unos días me volvió a colocar delante de mi propio espejo frente a la estigmatización inconsciente y continua que hacemos de las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental y de esta cuando enferma. Si no siguen a Marta en twitter o no la han leído hasta ahora, háganlo y entenderán por qué es una de las voces más legitimadas para hablar del sufrimiento psíquico que provoca en las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental el estigma que se asocia a los diagnósticos psiquiátricos.

No somos suficientemente conscientes –al menos yo no lo soy hasta que no me paran en seco para ponerme frente al espejo de mi propia ignorancia e infundados prejuicios– de lo fácil que nos resulta usar términos como "loco", "paranoico", "psicótico", "bipolar", "borderline", "esquizofrénico" ... para (des)calificar a quienes con su comportamiento, su discurso o su forma de actuar nos resulta una persona peligrosa, preocupantemente insensata o fuera de control. 

El niño temblaba

 

Foto: Angeloux

No sé cuántos de ustedes, siendo niños, siendo niñas, han temblado de miedo. No sé si, de ser así, en aquel momento encontraron consuelo, si alguien les abrazó, les dijo que no pasaba nada, logró calmarles y, efectivamente, así fue, no pasó nada. De ser así, tuvieron la fortuna de encontrar a su lado adultos protectores que les aseguraron final feliz a un momento de pánico. Sin embargo, muchas veces, demasiadas, no hay finales felices para los miedos, la ansiedad, el susto que hacen temblar a millones y millones de niños, niñas y adolescentes. También en nuestro país.  

Si los datos sirvieran de algo más que para ofrecer titulares a los medios de comunicación, las cifras que reproducen sin mucha pasión porque afectan a la infancia y a la adolescencia, deberían cambiar el rumbo de las políticas, pero sobre todo de las decisiones administrativas y resoluciones judiciales que afectan directamente a la integridad física, sexual y emocional de niñas, niños y adolescentes. 

Hacerse cargo del miedo o alimentar la alarma social

Foto: George Ian Bowles

El miedo colectivo, y el individual, está ahí. Es parte de la sobrecarga emocional que venimos arrastrando en estos últimos siete meses desde que tomamos conciencia, vía estado de alarma, de nuestras vidas por la letalidad y gravedad del Sars Cov 2. Con el desconfinamiento pensábamos que llegaría una normalidad nueva pero similar a la anterior y que el miedo se iría diluyendo. Sin embargo, no ha sido así. A las puertas del reconocimiento oficial de que estamos en una segunda ola de pandemia, ese miedo (que nunca se fue) rebrota como el virus y la pregunta es –ahora que vuelve a escucharse eso de que nos preparemos para semanas duras–saber cómo se van a hacer cargo los responsables públicos, políticos, representantes institucionales y organizaciones de la sociedad civil de esta emoción tabú a ser mencionada.

Pero lo cierto es que ante un escenario de más confinamientos (aunque sean selectivos) y agravamientos de los problemas sociales, económicos y vitales por esta segunda oleada y un contexto de bulos y auge de la extrema derecha es necesario que sindicatos, organizaciones del tercer sector, medios de comunicación, asociaciones vecinales, servicios públicos y básicos para la comunidad, organismos oficiales vinculados al empleo, las ayudas públicas y servicios sociales, la sanidad o la educación se planteen seriamente cómo se van a hacer cargo del miedo colectivo porque de lo contrario lo harán otros que no buscan, precisamente, que la sociedad conecte con su potencial de superación y apoyo mutuo, sino más bien todo lo contrario.

Comprender la irracionalidad y a los irracionales

Foto: AraInfo

La gran mayoría de la gente no busca intencionadamente adherirse a afirmaciones falsas, erróneas o distorsionadas a sabiendas. Los mitos, estereotipos, prejuicios y sesgos que nutren el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, el machismo... responden, sin duda, a relatos falaces a pesar de ser desmontados fácilmente al ser contrastados con datos o la realidad.

Cuando afirmamos que el racismo, la lgtbfobia, la xenofobia o el machismo son problemas estructurales lo que estamos señalando es que, desde bien temprano, la estructuración social, educativa, familiar y económica se articula a partir de ideas y creencias que potencian el arraigo de sesgos inconscientes y prejuicios que potencian, equivocadamente, el trato injusto y desigual a partir del género, la raza, la clase, el sexo, la orientación, las capacidades, la nacionalidad, la identidad...

Otros marcos narrativos para doblegar la curva del odio

 

Foto:  Jau Herrero

Leía hace unos días que "debemos cuestionarnos críticamente la manera como reproducimos en nuestro lenguaje formas de poder a las que somos contrarios, debemos esforzarnos por usar el lenguaje de un modo nuevo que abra una posibilidad de esperanza al mundo". La cita es del reciente libro de Judith Butler, 'Sin Miedo', pero la idea ni es nueva ni tampoco solo suya. Neurocientíficos, lingüistas, filósofos, sociólogos, pedagogos, periodistas, historiadores, antropólogos, escritores... todo ellos, hombres y mujeres, llevan años estudiado cómo el lenguaje (no siempre verbal) –tanto en el ámbito público como en el privado– también es (recordando las palabras de bell hooks) un lugar de combate.

Que el lenguaje es un lugar de combate es algo que saben bien quienes incitan el uso de la retórica del odio, quienes saben que el miedo y la ira son un gran negocio. Por eso urge, dada la curva ascendente que va tomando la retórica de odio que sean otros los marcos narrativos que intentemos usar quienes defendemos, desde la lógica de los derechos humanos, que todas las vidas tienen valor, que todos los cuerpos han de ser tratados con respeto a su dignidad, que todas las muertes han de ser lloradas y que no hay verdad sin justicia, reparación y garantías de no repetición. Quienes defendemos todo aquello que molesta al fascismo.

Diferencia entre escrache, linchamiento y fascismo

 

Foto: Clara BM

Los escraches en España siempre caminaron sobre una delgada y fina línea. Esa que se queda cuando se importa una forma de protesta a un contexto para el que no fue ideada. Los escraches legítimos y necesarios surgieron en Argentina ante la impunidad de los genocidas, eran "una forma noble de hacer justicia debatida a lo largo de varios meses cuando no se podía acceder a la justicia por el Estado" (en palabras de Rita Segato). Una forma de justicia a la que precedía un periodo de asamblea, de debate, de análisis y de preparación de meses en los que se corroboraba colectivamente que era la única alternativa de que los criminales no quedarán impunes socialmente. Aquel escrache tenía, de forma premeditada, muy poco de espontáneo pues se trataba de evitar caer fácilmente en el linchamiento. Los escraches originarios a los genocidas eran la única forma de 'denuncia y reparación' a la que tenían acceso las víctimas de aquellos crímenes fascistas ante la falta de respuesta legal y judicial para acabar con la impunidad. El escrache era una forma de sanar colectiva y pacíficamente, de atraer más democracia.

Necesitamos otro sistema de protección social, necesitamos cuidados

 

Si algo está dejando en evidencia esta pandemia es la urgencia de reformar un sistema de protección social excesivamente burocrático y demasiado lento para ofrecer respuestas eficaces a situaciones de necesidad, un sistema que colapsa en situaciones de crisis y cronifica a las personas en exclusión y pobreza. Ya en 2015, a la hora de hacer frente a la crisis económica, la Comisión Europea diagnosticó el sistema de protección social español como “claramente ineficaz para reducir los niveles de pobreza relativa y desbordado por el aumento de las necesidades sociales generadas por la crisis". 

En estos cinco años, lejos de corregirse, la situación se ha enquistado pasando por encima no solo de los derechos de las personas que acuden a este sistema sino a costa de la salud laboral de los profesionales comprometidos con su función social que sortean la falta de recursos y de cuidados con los que desempeñan su trabajo. 

Normalizar la mentira absoluta

 

Molestan las voces que nombran las verdades que con tanto esfuerzo se tratan de modificar desde su génesis. Molestan a quienes abrazan la mitomanía patriótica que se construye a base de hazañas, héroes y relatos de grandezas. Gran parte de la ciudadanía española siempre ha vivido (hemos vivido) con las narraciones de esa mitomanía ante la cual no cabe manifestar otra cosa distinta. Es la absolutización de la memoria histórica común. La 'Historia construida' es la Historia verdadera y es impensable plantear la inhabilitación de ese relato mitómano para analizar la realidad desde los hechos, desde las voces de las víctimas, desde la lógica de los derechos humanos. En la 'Historia construida' no cabe la rendición de cuentas de quienes, desde su posición de poder, hicieron de la impunidad su bandera o más bien usaron la bandera para garantizar su impunidad.