Si algo está dejando en evidencia esta pandemia es la urgencia de reformar un sistema de protección social excesivamente burocrático y demasiado lento para ofrecer respuestas eficaces a situaciones de necesidad, un sistema que colapsa en situaciones de crisis y cronifica a las personas en exclusión y pobreza. Ya en 2015, a la hora de hacer frente a la crisis económica, la Comisión Europea diagnosticó el sistema de protección social español como “claramente ineficaz para reducir los niveles de pobreza relativa y desbordado por el aumento de las necesidades sociales generadas por la crisis".
En estos cinco años, lejos de corregirse, la situación se ha enquistado pasando por encima no solo de los derechos de las personas que acuden a este sistema sino a costa de la salud laboral de los profesionales comprometidos con su función social que sortean la falta de recursos y de cuidados con los que desempeñan su trabajo.









