Ni vagos ni perdidos

Una de las manifestaciones convocadas por el colectivo 'Juventud Sin Futuro'.

Una cosa es la impotencia que provoca el desánimo y la frustración y otra, muy distinta, es que la gente joven viva despreocupada de la situación a la que se enfrentan cada mañana cuando se levantan. No es verdad que a las chicas y chicos entre 16 y 29 años todo les dé igual, pero en ellos predomina el desaliento. No es para menos, la altísima tasa de desempleo juvenil en España no es fruto de que los jóvenes no quieran trabajar sino, más bien, de que no les quieren contratar. Y cuando lo hacen, es a través de fórmulas precarias y mediando bonificación para el empleador.

Entre los países de la OCDE, España lidera el ranking de paro juvenil con casi un 40% de jóvenes desempleados. Una cifra que triplica la media de ese selecto ‘club de países ricos’. Los últimos datos publicados ayer, ahondan en el diagnóstico: en el mes de septiembre el paro juvenil aumentó un 11,8% y cuatro de cada diez nuevos parados son mujeres menores de 25 años.

¿Es necesaria una ley LGTBI?

Manifestación del Orgullo. EFE

La Ley de Igualdad LGTBI no es una ley penal ni tampoco una ley mordaza. Su texto es ambicioso, sin duda, y es cierto que su articulado recoge –como tantas normas administrativas– un régimen sancionador que debe ser afinado. Su finalidad no es castigar ni perseguir al tránsfobo, al homófobo o al bífobo, tampoco es adoctrinar a nadie. Esta Ley lo que busca es evitar las discriminaciones cotidianas e invisibles que sufren las personas por ser gais, lesbianas, bisexuales, trans o intersexuales (LGBTI). 

Tener que proyectar una ley de estas características, en esta ocasión para el colectivo LGBTI pero perfectamente planteable para otros colectivos vulnerables sistemáticamente discriminados en el día a día, debería llevar a pensar en la cantidad de resistencias que cada miembro de la sociedad transporta para que –una década después de haber logrado importantes avances legales en el reconocimiento de los derechos LGBTI– haya que ‘obligar’ a aceptar, integrar y normalizar la orientación sexual, la identidad de género y otras expresiones de género en los libros de texto, en las residencias de tercera edad, en los formularios públicos, en los catálogos de libros de las bibliotecas, en los recursos de servicios sociales, en las inscripciones de nacimiento, en la atención sanitaria, en los reglamentos de convivencia de los centros educativos... Y así, una lista de medidas que puede parecer interminable pero que, sobre todo, deja al descubierto la cantidad de espacios que a día de hoy no están libres de discriminación, de lgbtfobia.

No soy tu bollera

Imagen de El Periódico de Cataluña

La comparación que, a finales de julio, realizó Empar Moliner entre ser gay en Marruecos y ser catalán en España no la terminé de comprender.

No solo es que en Marruecos las relaciones consensuadas entre personas adultas del mismo sexo puedan llevar a la cárcel, sino que, además, cuando los homosexuales son señalados públicamente como tales, su vida e integridad física corre un serio peligro. Las lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) marroquís que huyen de Marruecos y piden protección internacional tratan, ante todo, de salvar su vida 'contra natura' de los insultos, amenazas, denuncias, linchamientos, palizas y violaciones de sus propios hermanos, padres, madres, vecinos, compañeros... y no solo de las leyes y los agentes estatales. Una situación objetivamente muy distinta de la que vive un catalán en España.

El caso de Juana Rivas: ruido y oportunidad perdida

Juana Rivas, en el centro con un pañuelo, en una manifestación para evitar la entrega de sus hijos al padre, condenado por violencia de género.

Aceptar la idea de que un hombre cuando agrede a la madre de sus hijos deja de ser un buen padre es algo que cuesta. Existe resistencia a ver la evidencia, incluso entre quienes están concienciados con la lacra de la violencia de género. Dos años después de que se aprobará la Ley de Infancia y Adolescencia todavía no se ha incorporado al pensamiento colectivo ni a la práctica judicial lo que entonces legalmente costó reconocer: que los niños, niñas y adolescentes que viven en un contexto de violencia de género también son víctimas de esta, al margen de que solo la presencien o la sufran personalmente. Desde ese momento, en nuestro ordenamiento, se les señala como víctimas del maltrato y hay juristas especializados como la fiscal decana de Málaga, Flor de Torres, que hablan de una nueva figura: el maltrato infantil de género.

Si odiar se pone de moda, tú pierdes

Foto: EFE

Odiar no es un delito, y en las redes sociales ha dejado de estar mal visto. Para muchos es una nueva forma de “conversar”. Usted puede odiar todo lo que desee y expresarlo hasta ofender. Le ampara la libertad de expresión. Búsquese un avatar y un nombre ficticio que le dé seguridad. Aparente pertenecer a un grupo, cuanto más blanco, ortodoxo, normativo y feroz, mejor.

Tenga en cuenta que puede llegar a odiar hasta el infinito y más allá si insulta a feministas, musulmanes, migrantes, gitanos, defensores de DDHH, negros,.. y por supuesto, a cualquiera de los miembros del colectivo LGBT.

Es importante que usted llegue a creer que todo vale dentro y fuera de la red porque el delito no es odiar en sí. Lo es vejar, amenazar, calumniar, movilizar a la violencia… No se preocupe por los límites que para eso ya está el Ministerio Fiscal.

Odie como si no hubiera un mañana, desahóguese como lo hace Trump. Indígnese, exprésese, insulte a lo troglodita, no hace falta que utilice la ironía fina ni el sentido del humor, embrutezcase. Esté tranquilo tras su avatar que, por ahora, los insultos a colectivos vulnerables no interesan, y menos a la Audiencia Nacional. La libertad de expresión es especialmente laxa, cuando les afecta a ellos qué más da.

¿Es posible el altruismo en la gestación subrogada?

Una mujer embarazada. EFE

No existe el derecho a tener hijos por mucho que alguien desee cumplir el sueño de ser padre o de ser madre. Sí existe, en cambio, el derecho de la mujer a controlar su propia sexualidad, a decidir libre y responsablemente sobre su cuerpo y a hacerlo de manera informada y autónoma, sin coacción, discriminación ni violencia. Por eso, para hablar de regular la gestación subrogada en España es necesario aceptar y respetar estas premisas. De lo contrario estaremos abriendo la puerta al lado oscuro de esa realidad, el de los vientres de alquiler.

La mayor presencia de realidades familiares protagonizadas por hombres gais ha sacado del armario una práctica transfronteriza que se venía realizando al margen de la ley desde hace décadas. Sus protagonistas eran (y son) principalmente personas heterosexuales, sin embargo, la caída del tabú de la homoparentalidad masculina ha abierto la caja de Pandora, y esta actividad se está imponiendo por la vía de los hechos, sin vigilancia alguna hacia las empresas y clínicas privadas que se lucran porque la gestación subrogada altruista, tachada de mito, no está legalmente reconocida.

No a los vientres de alquiler, sí a la gestación subrogada

Imagen de archivo de una mujer embarazada en una consulta médica. EFE

¿Qué sucedería si abordáramos el debate diferenciando entre vientres de alquiler y gestación por subrogación? ¿Qué ocurriría si no diéramos por hecho que ambos conceptos describen la misma realidad? ¿Podríamos diferenciar situaciones en las que prevalece el negocio sin escrúpulos y la explotación de la mujer de aquellos otros casos en los que, de forma no lucrativa, se ofrece a gestar para quienes no pueden hacerlo? De ser así, tendríamos por un lado los vientres de alquiler y por otro la gestación por subrogación sin ánimo de lucro. ¿Tiene algún sentido diferenciar términos y, por tanto, realidades?

El debate de la gestación por subrogación se encuentra en un bucle perverso en el que, entre otras cosas, se cuestiona sistemáticamente y sin diferenciar, si las mujeres somos capaces de tomar decisiones sobre nuestras vidas y vivir en un sistema capitalista. Por supuesto que deben prohibirse todas las formas de explotación de la mujer, pero denunciarlas, perseguirlas y prohibirlas no puede convertirse en una cruzada negacionista de la soberanía que las mujeres tenemos sobre nuestros cuerpos. Soberanía que no puede supeditarse al deseo que tienen quienes quieren conformar una familia biológica, tal y como se desprende de la proposición de ley que acaba de presentar Ciudadanos.

¿Ha comenzado la Revolución Trans?

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Tiene sentido pensarlo. Sí, es cierto, la Revolucion Trans se ha iniciado y hechos como la respuesta social a la insistente (y cansina) presencia del autobús de la organización Hazte Oír en las calles españolas lo confirma.

Niñas, niños, jóvenes y adultos que rompen las normas de género son concebidos cada vez menos como un problema desde el punto de vista médico o psicológico. El mensaje que se ofrece a la opinión pública por parte de los medios empieza a ser otro, y no solo en nuestro país. Portadas de revistas como National Geographic, Time o Vogueamplifican una idea: lo trans es sinónimo de diversidad, no de problema. La Revolucion Trans ha comenzado, es el momento de repensar el género, de deconstruir prejuicios, de cuestionar la normatividad. Pero queda mucho por hacer,  especialmente en esos otros espacios cotidianos e invisibles a los focos más mediáticos donde el mensaje transfobo del autobús naranja puede calar con su gota a gota.

El juicio a Cassandra Vera, ¿despropósito o transfobia?

¿Quién humilló a quién? Esa es la pregunta que me surge tras ver algunas imágenes del juicio a Cassandra Vera y leer la sentencia que la condena a un año de prisión, siete de inhabilitación y a pagar las costas del juicio por considerarla culpable de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por 13 tuits publicados entre noviembre de 2013 y enero de 2016. Aunque para ser exactos deberíamos decir que le han considerado culpable a él, no a ella. Por cierto, mucha gente no sabía que Cassandra es una mujer trans hasta que en la vista del juicio se ha escuchado a D. Pedro Martínez Torrijos (el Fiscal) y a los tres magistrados dirigirse a ella como si fuera un varón y no como mujer.

Al margen de que se supiera o no que Cassandra es una chica transgénero, lo relevante es que ella no se identifica como varón y ni se nombra como tal ni desea ser reconocida con una identidad masculina. Partiendo de esto, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debería haberla tratado como mujer durante la vista oral máxime cuando el eje central de la discusión era la humillación, el menosprecio, el descrédito, la perdida de estima, los amores propios heridos, la actitud irrespetuosa y… la dignidad de las personas. 

¿Por qué debe actuar el Fiscal de Menores ante los folletos de Hazte Oír?

El odio es un sentimiento. El odio no es un delito como tampoco lo es el amor. Es el uso del Lenguaje del Odio el que es un delito según el 510 de nuestro Código Penal. Es el Lenguaje del Odio el que hace que sea necesario ese tipo penal para castigar a aquellos que inciten el Odio hacia los colectivos especialmente vulnerables que son sistemáticamente perseguidos por las mentes totalitarias que no aceptan más ideología que la suya y padecen: intolerancia extrema. Aleccionan para ello con discursos y mensajes que confunden y falsean, dividen y fragmentan, rompen la paz social y niegan el diálogo y la diversidad.