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No es buena señal que en la defensa de los derechos civiles, sociales y económicos el ritmo lo marque el clamor popular y las decisiones judiciales. Son los Parlamentos —y no los tribunales— los que deben velar en primera instancia por las necesidades y derechos de sus ciudadanos. En España, según los datos del sondeo realizado por Metroscopia, los ciudadanos no confían en el Gobierno (el 87%) para defender sus intereses si atravesaran una situación de necesidad similar a la de las personas que están inmersas en un proceso de desahucio. Tampoco en el principal partido de la oposición (el 86%) ni en el resto de partidos políticos (el 72%). Sí confían, en cambio, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (el 81%) y en las ONG (el 76%). Y a pesar de que ha sido un juez el que ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las dos cuestiones prejudiciales sobre préstamos hipotecarios y desahucios —y cuya resolución exige modificar la actual normativa española—, la confianza de los ciudadanos (el 47%) en los jueces y fiscales parece caer en terreno de nadie, y es el abogado (para el 75%) la figura clave para defender sus intereses ante los tribunales en un proceso de desahucio.
