De año y medio a esta parte, ocho de cada diez españoles viene expresando con rotundidad su apoyo a la posibilidad de que las localidades donde viven puedan servir de refugio a las personas que se agolpan en las fronteras de Europa.
La deriva que venimos presenciando en algunos países de Europa donde la opinión pública está dividida ante la llegada de personas refugiadas a sus territorios, es algo que no se detecta en España a través de los sondeos que viene realizando Metroscopia desde el mes de septiembre de 2015.
Los españoles quieren mayoritariamente hacer cosas por los refugiados. Un porcentaje significativo de ellos ya ha llevado a cabo sus buenas intenciones mientras que una gran parte de la ciudadanía sale estas semanas a las calles buscando sintonía en los responsables del Gobierno que son los que, en última instancia, deben tomar la decisión de abrir las puertas de los cupos y dotar de medios para que la llegada de refugiados sea algo más que buenas palabras.
La poca afabilidad de nuestro sistema de refugio y asilo no es algo nuevo. Ese es el principal escollo a la falta de compromiso gubernamental con las políticas de acogida que se recomiendan desde Europa. Mientras algunos de los países que han ignorado estas recomendaciones han levantado muros y endurecido sus políticas (como Hungría), en España no ha hecho falta porque ya tenemos vallas que protegen la frontera sur de Europa. Además, desde hace una década, las políticas de refugio y asilo para entrar en nuestro país apenas han recibido una inversión económica y de capacitación acorde a la que sí han puesto en marcha otros países europeos como Alemania o Suecia. Lugares estos donde los flujos de personas refugiadas, no solo en este último año, multiplican las cifras de las solicitudes de asilo hasta extremos que en nuestro país serían inconcebibles. Por ejemplo, solo en Suecia en 2015, país que no alcanza los diez millones de habitantes, hubo más de 160 mil solicitudes de asilo; en España, por su parte, ese mismo año, apenas alcanzaron las 16 mil solicitudes. De estas, se rechazaron siete de cada 10 mientras Suecia lo hizo en cuatro de cada diez.
Contrasta, por tanto, la capacidad de acogida que expresa la sociedad española con la del propio sistema tal y como está concebido. Los cambios necesarios para que hubiera sintonía conllevarían revisar las condiciones y circunstancias previstas en la Ley reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria de octubre de 2009, algo que ya ha señalado el propio Defensor del Pueblo en un extenso informe de 2016. La institución del Estado subraya la necesidad de agilizar los procedimientos para las solicitudes de asilo y los traslados a España; atender con especial diligencia a las situaciones de menores, personas con discapacidad y víctimas de trata de seres humanos; disponer de la asistencia jurídica precisa, así como de un personal de atención muy cualificado para todas estas funciones; velar por las ayudas económicas a percibir, así como por las distintas fases de la integración por las que puedan pasar; colaborar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en todos estos procesos y con las ONG que prestan servicios muy apreciables; etc.
La posición de los españoles ante situaciones límite como la de los refugiados, suele ser a favor de un papel del Estado que proteja a los más vulnerables. Un enfoque muy acorde a un espíritu ciudadano que ha madurado sobre los pilares de un modelo de Estado de Bienestar en el que prima el principio de igualdad y de universalidad de los derechos. Una mirada que como sociedad nos honra pero que no encaja en la actual coyuntura mundial donde parece que poco interesa la justicia basada en la solidaridad.
A pesar de ello, no deja de ser una buena noticia que en plena Era Trump el 80% de los españoles quieran que su ciudad acoja a las personas refugiadas. Un dato a revisar si se llegan a cumplir los compromisos españoles con Europa respecto a las cifras de refugiados a acoger, no hay que olvidar que en el 2016 solo acogimos el 5% de lo pactado. Será en ese momento, cuando se cumplan las cuotas asignadas, cuando se ponga en juego no solo la palabra solidaridad sino la fortaleza del propio Estado de Bienestar. Los españoles opinan que se debe intentar.