Como si estuviera en una tertulia de sobremesa con sus más íntimos, el ministro de Justicia Rafael Catalá ha hecho unas declaraciones en la COPE que responsabilizan al voto particular y a su autor del estupor, indignación y críticas jurídicas que ha provocado la sentencia de 'la manada'.
Sin duda, ese voto particular y el magistrado Ricardo González deberían ser objeto de un riguroso estudio por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la imparcialidad, profesionalidad y diligencia de jueces y magistrados. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, único responsable de evaluar este aspecto, ha decidido cerrar filas en defensa de la labor del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra y no dejar ningún atisbo de reflexión, autocrítica o sencillamente, de revisión a que algo pueda haber fallado en este fallo. Para este órgano constitucional, la labor del tribunal ha sido minuciosa y profesional. Cuesta aceptar y hasta creer que, ante tantas evidencias, el CGPJ solo se limite a rescatar a sus jueces del cuestionamiento democrático y debate público. Prefiere no preguntarse por qué la confianza ciudadana en la Justicia se está viendo tan gravemente comprometida a raíz de este caso y pasar página.