Como si estuviera en una tertulia de sobremesa con sus más íntimos, el ministro de Justicia Rafael Catalá ha hecho unas declaraciones en la COPE que responsabilizan al voto particular y a su autor del estupor, indignación y críticas jurídicas que ha provocado la sentencia de 'la manada'.
Sin duda, ese voto particular y el magistrado Ricardo González deberían ser objeto de un riguroso estudio por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la imparcialidad, profesionalidad y diligencia de jueces y magistrados. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, único responsable de evaluar este aspecto, ha decidido cerrar filas en defensa de la labor del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra y no dejar ningún atisbo de reflexión, autocrítica o sencillamente, de revisión a que algo pueda haber fallado en este fallo. Para este órgano constitucional, la labor del tribunal ha sido minuciosa y profesional. Cuesta aceptar y hasta creer que, ante tantas evidencias, el CGPJ solo se limite a rescatar a sus jueces del cuestionamiento democrático y debate público. Prefiere no preguntarse por qué la confianza ciudadana en la Justicia se está viendo tan gravemente comprometida a raíz de este caso y pasar página.
Sin embargo, esto no justifica la última injerencia del reprobado Rafael Catalá. El ministro se ha puesto a especular sorprendentemente sobre si el magistrado González tiene o no un problema singular que conoce de oídas. Y al hacerlo deja entrever que esto podía haberle incapacitado para juzgar este caso, preguntándose (en voz alta y en antena) cómo es posible que nadie haya actuado antes y se le haya permitido redactar un voto particular tan extenso y fuera de lugar. Ahí deja el ministro su reflexión.
Sabe Rafael Catalá que sus declaraciones iban a dar ‘qué hablar’. Sabe, un hombre inteligente como él, que sus palabras pueden ser muy bien recibidas por una gran parte de la población que no tiene tiempo ni ganas de pasarse horas informándose del caso de 'la manada' con los análisis más finos (o no tanto) que se están haciendo estos días. Despliega el ministro una cortina de humo perfecta en la emisora perfecta, y ahora este asunto ocupa el prime time y los titulares de prensa. El foco deja de estar en el error de calificación de los hechos probados que contiene la condena, en cómo contrarrestar los efectos de la justicia patriarcal y, por supuesto, en cuanta responsabilidad hay de todo esto en su Ministerio y en el propio gobierno del Rajoy.
Ya no tiene que explicar el ministro Catalá por qué, junto con sus compañeros de Gobierno, ignoran por sistema las reivindicaciones feministas que, sin esta presión social, le han venido haciendo para que acometieran reformas como la que ahora quiere estudiar para el Código Penal. Tampoco va a tener que explicar por qué les está costando tanto dotar de inversión suficiente y poner en marcha un Pacto de Estado que ya recogía el compromiso de "crear un marco regulador que permita realizar un tratamiento integral de las violencias sexuales" y que ayudaría a implantar esa perspectiva de género de la que estos días tanto se oye hablar. Y por supuesto, no tendrá que reconocer que su Ministerio leva años sin velar por la aplicación el 'Convenio de Estambul' con las implicaciones que eso tiene para las vidas de tantas mujeres, niñas y niños.
Debe pensar Rafael Catalá que si el problema se soluciona con un chivo expiatorio y una propuesta de reforma en caliente del Código Penal poco más habrá que hablar. Y piensa bien el ministro porque en nuestro país, la agenda mediática y del Congreso, suele nutrirse en clave de hacer política populista más que de hacer justicia restaurativa. Pero este caso es diferente y el gobierno de Rajoy no termina de comprender que no es escarnio público ni populismo punitivo lo que quiere el feminismo. Lo que se ha desencadenado con la sentencia de 'la manada' es un fallo DE sistema, no un fallo del sistema. Reclamar una perspectiva de género a la hora de juzgar las violencias contra la mujer es solo la punta del iceberg de una transformación social que se tiene que dar para que ninguna mujer sea agredida en su casa, violada en un portal o asesinada en plena calle.
El fallo de sistema que se ha quedado al descubierto es tan profundo y garrafal que, curiosamente, las declaraciones del ministro pueden suponer una tabla de salvación para quienes estos días no saben qué significa lo de la perspectiva de género ni saben qué hacer con la patata caliente de la “justicia patriarcal”. Si funciona la cortina de humo, el chivo expiatorio y la interferencia competencial del ministro Catalá, todo podría quedarse como está y se abortaría el interesantísimo debate que se está dando, ese que puede hacer que el sistema judicial deje de ser intocable e inamovible. No estamos hablando del problema singular de un magistrado en particular, eso lo sabe bien Catalá, estamos hablando de acabar con las lógicas judiciales y sociales que amparan y protegen el patriarcado antes que a una víctima mujer. Porque de lo que se trata es de asumir la propia responsabilidad, y no lo van a hacer, nos quieren distraer.