jueves, 14 de diciembre de 2017

La parodia independentista a los derechos humanos no tiene gracia

Help Catalunya. Save Europe. Captura de un vídeo lanzado por Omnium Catalunya.

A principios de agosto, cuando Puigdemont equiparó el momento político que vivía Catalunya con la lucha del movimiento LGBTI por sus derechos, apenas podíamos vislumbrar cómo las grandes conquistas en materia de derechos humanos (y los Principios que las han inspirado) iban a ser de gran utilidad al argumentario independentista catalán frente a la comunidad internacional.
En aquel momento, esa identificación –junto con la afirmación de Empar Moliner de que ser catalán en España era como ser gay en Marruecos– la vimos más como un oportunismo político a la sombra del éxito del World Pride que como parte de una posible estrategia orientada a hacer creer a la comunidad internacional que, los independentistas en España, formaban parte de uno de los “grupos vulnerables” que las declaraciones de derechos humanos protegen de la represión de los Estados.

jueves, 30 de noviembre de 2017

Hay defensas que ofenden: los imbéciles, la mentirosa y los tontos



"Pueden parecer imbéciles, patanes, infantiloides, simples y primarios, pero son buenos hijos y quieren a su familia". Este es uno de los principales argumentos del abogado Agustín Martín Becerra a la hora de pedir una sentencia absolutoria para los cinco miembros de ‘La Manada’. Con esta literalidad no lo esgrimió en la sala de vistas, sino ante la masiva audiencia que tiene un conocidísimo programa de televisión.
Que el derecho a la defensa es un derecho fundamental amparado por la Constitución es algo que nos ha quedado claro estos días por activa y por pasiva. De hecho, soy de esas que creen en la justicia restaurativa y defiende que violadores, asesinos, maltratadores, ladrones y terroristas, guste o no, tienen derechos, entre ellos el de la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el carácter reforzado del derecho a la defensa no lo hace inmune ni ilimitado cuando su ejercicio no es responsable ni acorde a la deontología de la profesión.

martes, 28 de noviembre de 2017

Acabar con la transfobia no es cuestión de medallas




Cuando se despenalizó la cirugía de reasignación de sexo en 1982 era difícil imaginar lo que los 35 años siguientes iban a deparar a las personas transexuales. Más allá de su legítimo sueño de poder ser sin pasar por la cárcel, sufrir torturas y ver peligrar su propia vida, aquellos mal llamados ‘gais afeminados’ y ‘travestís’ ni sospechaban que, poco a poco (quizá demasiado lentamente), se iban a ir borrando las huellas de una persecución institucional hasta prácticamente el olvido. Sin embargo, veinte años después del primer gran avance en el reconocimiento de una mínima parte de sus derechos en la ley de 2007, la patologización, discriminación y violencia hacia las personas trans siguen siendo amparadas por cambios legales que no llegan. Las creencias religiosas de una minoría y el oportunismo político para colgarse medallas tienen demasiado peso en la actividad legislativa, aunque ello puede suponer seguir permitiendo que se vulneren sistemáticamente derechos fundamentales como la integridad, a la intimidad y a la vida.
La aclamada ley socialista de 2007 supuso, sin duda, un gran avance al reconocer legalmente el cambio registral del nombre y el sexo de las personas transexuales. Sin embargo, empieza a sonar a leyenda por lo mucho que cuesta materializar otros cambios legales más integrales y profundos que no vengan de la bancada socialista.

viernes, 24 de noviembre de 2017

Es normal que el feminismo desconfíe de la Justicia



Hasta mil veces se ha llegado a cometer el mismo crimen en los últimos 14 años: un hombre mata a una mujer que era, o había sido, su pareja. Un millar de asesinatos después, es como si la Justicia siguiese sin comprender que estamos ante el patrón de algo que perfectamente se puede impedir. No se trata de un crimen pasional ni el desafortunado desenlace de un conflicto de pareja. La violencia de género no es algo imposible de predecir, al menos no para el sistema judicial.

La mayoría de asesinatos machistas están precedidos de denuncias de amenazas y control, no de agresiones físicas graves. Es en ese clima de dominación, acoso, intimidación, amenazas, control… donde se alimenta la violencia de género que los operadores jurídicos no ven cuando la mujer denuncia y llega el caso a sus dependencias. Es el machismo el que mata pero no es inquebrantable esta máxima. Se puede evitar, se debe evitar, pero para ello los operadores jurídicos deben dejar de ver irrelevantes conductas machistas criminales. Estas son parte de unos hechos graves que deben ser enjuiciados como parte del ciclo de la violencia de género y no como una mera expresión de los conflictos familiares. Basta de guiarse por las creencias personales o los prejuicios sexistas y clasistas, basta de desentenderse de la necesidad de formación más allá de los puntos que sumen al expediente.

martes, 14 de noviembre de 2017

Sobre violencia institucional racista pongamos que hablo de Melilla


Decenas de porteadoras esperan entrar en Ceuta con los fardos sobre sus espaldas. GONZALO TESTA

El Estado español es racista. Lo es cuando sus instituciones, y los agentes públicos que las representan, actúan de forma arbitraria y discrecional contra quienes no responden al patrón que se canturrea en el ‘yo soy español, español, español’.
Desde hace años, caso tras caso, distintas sentencias, hechos e informes vienen constatando que las autoridades españolas actúan (o permiten que se actúe) con un sesgo racista hacia las personas que por el color de su piel se podría interpretar que no son ‘de aquí’.
Ya sé que decir que España es racista es políticamente incorrecto. De hecho, la creencia mayoritaria (casi unánime) es que no lo somos: solo el 0,4% de los españoles (datos del último CIS) considera que el racismo es un problema del que tengamos que preocuparnos. A pesar de tenerlo delante, nos cuesta tanto verlo. “Seremos muchas otras cosas, pero racistas… no”.