Equivocar el camino: criminalización, alarmismo y confrontación

 

Foto: Paula Muñoz Gallardo

Ocho meses después de que la OMS declarase la pandemia a nivel mundial por COVID-19, en España –al igual que ya han hecho otras democracias europeas como Francia o Bélgica– parece que desde el Ministerio de Sanidad se valora la idoneidad de medidas más drásticas para frenar la cifra de contagios y, entre estas, se habla del toque de queda. Dicho así, sin más, "toque de queda", sin aclarar en qué consistiría –y desde su significado en los instrumentos de derechos humanos– suena muy fuerte. Al igual que en su momento rechazamos el uso de la terminología bélica para hacer frente a una pandemia que es un problema de salud pública, es necesario rechazar el uso del lenguaje restrictivo de derechos para referirse a medidas que deben dar respuesta a un problema sanitario y no de seguridad ciudadana.

El "toque de queda" es una medida muy excepcional cuya regulación legal no es homogénea a todos los Estados europeos, es decir, no es comparable estrictamente su regulación en Francia o Bélgica a la que existe en España. En cualquier caso, su significado jurídico y legal, desde la filosofía del Derecho, es el de garantizar la seguridad, atenuar los disturbios o minimizar enfrentamientos. O, dicho en otras palabras, "toque de queda" es sinónimo de "falta de orden y seguridad". De hecho, la última vez que se adoptó en España fue durante la noche del golpe de estado de 1981.

La sinceridad democrática de la derecha está en entredicho

 

Foto: Parlamento europeo

Mientras en diferentes lugares de Europa se están llegando a adoptar decisiones delicadísimas para combatir la segunda ola de la COVID19, como por ejemplo decretar el toque de queda; en España, desde la oposición extrema de la derecha se acusa al presidente Pedro Sánchez de "dictador" por decretar el estado de alarma en Madrid tras errar el gobierno de la Comunidad en cómo formular la petición de las medidas de limitación de movilidad al Tribunal Superior de Justicia. 

Fue la no mención de una ley de 1986 por parte de los de Ayuso –tal y como sí hizo la Junta de Castilla y León– la que llevó al TSJ a la decisión de desestimar la única medida que ha implicado la declaración del estado de alarma: la restricción de entrada y salida de determinados municipios. Lejos de reconocer su error (si es que realmente lo fue), pudiera parecer que la gente de Casado en las instituciones que gobiernan Madrid estuviese marcando las tareas que van completando en una checklist interna destinada a escalar la tensión con el Gobierno central. 

El problema no son los locos, son los fascistas

 

Foto: Hernán Piñera

"Ayuso NO está loca. Igual que aprendimos a no excusar a los maltratadores por enfermos, porque sabemos que no lo son: son hijos sanos del patriarcado...; Ayuso no está loca, es una hija sana del neoliberalismo. No es su salud mental, es su ideología. No es locura, es capitalismo". Este tuit que publicó Marta Plaza hace unos días me volvió a colocar delante de mi propio espejo frente a la estigmatización inconsciente y continua que hacemos de las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental y de esta cuando enferma. Si no siguen a Marta en twitter o no la han leído hasta ahora, háganlo y entenderán por qué es una de las voces más legitimadas para hablar del sufrimiento psíquico que provoca en las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental el estigma que se asocia a los diagnósticos psiquiátricos.

No somos suficientemente conscientes –al menos yo no lo soy hasta que no me paran en seco para ponerme frente al espejo de mi propia ignorancia e infundados prejuicios– de lo fácil que nos resulta usar términos como "loco", "paranoico", "psicótico", "bipolar", "borderline", "esquizofrénico" ... para (des)calificar a quienes con su comportamiento, su discurso o su forma de actuar nos resulta una persona peligrosa, preocupantemente insensata o fuera de control.