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Esta misma semana, la Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad (RIOS) ha avanzado alguno de los datos de su investigación “Insolvencia alimentaria y pobreza en los países del Sur de Europa”. En ella se subraya el hecho de que cada vez a más personas les cuesta cubrir sus necesidades básicas y su alimentación, con el especial riesgo que esto conlleva para los sectores más vulnerables de la sociedad. Hablar de insolvencia alimentaria —dicen los autores de la investigación— “significa no solo hablar de la pobreza efectiva de los ciudadanos, sino de la incapacidad de estos para hacer frente a la alimentación más esencial y a la ingesta diaria de las calorías necesarias para ello”. Según los datos de este estudio, un 4 % del total de la población española estaría en situación de insolvencia alimentaria; es decir, casi dos millones de ciudadanos en España, cifra superior a la que la propia investigación estima para países como Portugal o Grecia.
En este contexto de “insolvencia alimentaria” son los niños los que más están sufriendo las consecuencias del grave deterioro de las condiciones de vida en sus hogares, tal y como señala UNICEF en su informe “El impacto de la crisis en los niños”. Al menos un 3 % de los españoles —el 5 % en el caso de los parados— dice conocer en su entorno familiar a algún niño o menor que por falta de ingresos ha dejado de tomar alguna de las tres comidas diarias en este último mes. Este dato confirma un hecho denunciado a lo largo de este último año por los expertos: la dificultad de muchas familias de poder dar a sus hijos una alimentación adecuada a causa de la falta de ingresos.
No es suficiente dar respuesta a esta situación a través de los bancos de alimentos y de las entidades sociales, a pesar de que su papel en este momento está siendo clave. Es necesario que se apruebe lo antes posible el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social y que se fijen las medidas y las políticas necesarias para proteger y salvaguardar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Con la actual tasa de paro, su situación no puede depender únicamente de la buena voluntad o de las entidades sociales.