Fotografía de la 1ª marcha del orgullo gay oficial celebrada en Londres el 01 de julio 1972. Foto de archivo
Las declaraciones de Jorge Fernández Díaz en las que afirma que “el matrimonio gay no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural” no serían tan desafortunadas si se hubieran producido estrictamente en el ámbito de su vida privada. No obstante, gran parte de su infortunio se debe a que dan la espalda a la sociedad y a la normativa existente sobre un derecho fundamental como es el derecho a la igualdad.
En mayo del 2012 un sondeo de Metroscopia desveló que tan solo un 9% de la sociedad española estaba en contra del matrimonio homosexual. Del 87% de ciudadanos que estaban a favor de la unión entre parejas homosexuales, solo un 32% consideraba que no debía llamarse matrimonio. Pero lo que plantea el Sr. Fernández Díaz no es una cuestión semántica, sino una cuestión de derechos y de otorgar diferente protección legal a dos personas por el solo hecho de su orientación sexual o identidad de género.
La Declaración de Derechos Humanos, nuestra Constitución y la Carta Social Europearecogen una serie de “motivos prohibidos” por los que ninguna persona puede ser objeto de un trato desigual, inhumano o degradante en el ejercicio de sus derechos. La orientación sexual y la identidad de género son dos de esos motivos prohibidos, y el derecho a tener una familia uno de esos derechos. Por esta razón, cuando el Sr. Fernández Díaz se opone a que un ciudadano –por su orientación sexual o identidad de género- tenga la misma protección legal que otro ciudadano, le está negando el derecho a la igualdad que recoge el artículo 14 de nuestra Constitución.
Es responsabilidad última de los Estados velar por que las actitudes y comportamientos -tanto de sus instituciones como de sus ciudadanos- no se basen en estereotipos, prejuicios y creencias que puedan provocar una violación concreta o sistemática de los derechos de sus ciudadanos. En consonancia a esto, el propio Gobierno de España -del que forma parte el Ministro del Interior-, y con motivo del Día internacional contra la homofobia y la transfobia que se celebra el 17 de mayo, hizo pública una extensa declaración institucional en la que afirmó que “a día de hoy permanecen síntomas de discriminación absolutamente intolerables, que exigen incrementar los esfuerzos en la defensa de la igualdad. Es el caso de la homofobia y transfobia, dos formas de discriminación que no deben tener cabida en ningún ámbito de la sociedad, ya que atentan contra los Derechos Humanos y quiebran la convivencia, pilares que deben sustentar cualquier sociedad democrática y plural, y que deben ser garantizados en todo caso por los poderes públicos.”
La no discriminación a las personas debe ser un compromiso no solo de los gobiernos, sino también de los que forman parte de él y de sus instituciones. Las creencias y valores del Ministro del Interior son tan respetables como las del resto de los ciudadanos. Sin embargo, la duda que queda es si cuando esas creencias se convierten en discurso político se puede garantizar el desempeño imparcial de la función pública. La igualdad es un derecho, no una concesión.