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¿Quien tiene, en primer lugar y ante todo, la obligación de proteger y ayudar a las personas más necesitadas y desfavorecidas? A pesar de que un amplio porcentaje de la población española (83%) opinó recientemente en un sondeo de Metroscopia que de no haber sido por entidades como Cáritas o Cruz Roja la crisis social se habría hecho ya insostenible, la opinión mayoritaria de los ciudadanos (70%) es que debe ser el Estado el que ayude y proteja a los más necesitados. Un 13% piensa que debería ser la sociedad la que, organizada mediante asociaciones y organizaciones voluntarias de todo tipo, debería proteger y ayudar a quienes lo necesiten; un 8%, que debería ser la familia; y un 6% cree que cada persona debe responsabilizarse de sí misma.
Sin duda, la crisis nos ha vuelto a todos más solidarios con quienes lo están pasando peor, como reconoce un 74% de nuestra ciudadanía. Pero parece claro que esa amplia y creciente predisposición a la mutua ayuda es entendida como complementaria, y en modo alguna sustitutiva, del deber básico que, mayores y jóvenes, votantes del PP o del PSOE, coinciden en atribuir a las instituciones públicas: proteger a los más desvalidos.
El 28 de noviembre se conmemora el Día internacional de las personas sin techo, el colectivo más frecuentemente olvidado en la lucha contra la exclusión social. Su existencia nos recuerda que el fenómeno de la pobreza —que viene ocupando portadas y titulares en los últimos meses— no es algo coyuntural que se vaya a terminar cuando la crisis toque a su fin.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas realizó el pasado mes de mayo una serie de recomendaciones al Estado español. Una de ellas es la conveniencia de poner en marcha un nuevo programa de lucha integral contra la pobreza que incluya medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos adversos de la actual crisis, prestando particular atención a las personas y grupos desfavorecidos y marginados.
Los ministerios públicos no pueden esperar que las familias, ciudadanos, asociaciones y organizaciones sean quienes voluntariamente protejan a los desfavorecidos y atiendan sus necesidades en este contexto de crisis. La gran responsabilidad de los poderes públicos de impedir que la crisis económica devenga en una crisis de derechos pasa por la protección de los ciudadanos más desvalidos. Porque, independientemente de recomendaciones o recordatorios, esa responsabilidad de los poderes públicos —que va más allá de la opinión recogida en los sondeos— aparece recogida en el artículo 9.2 de la Constitución española: remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de derechos de todos los ciudadanos.