Si algo está dejando en evidencia esta pandemia es la urgencia de reformar un sistema de protección social excesivamente burocrático y demasiado lento para ofrecer respuestas eficaces a situaciones de necesidad, un sistema que colapsa en situaciones de crisis y cronifica a las personas en exclusión y pobreza. Ya en 2015, a la hora de hacer frente a la crisis económica, la Comisión Europea diagnosticó el sistema de protección social español como “claramente ineficaz para reducir los niveles de pobreza relativa y desbordado por el aumento de las necesidades sociales generadas por la crisis".
En estos cinco años, lejos de corregirse, la situación se ha enquistado pasando por encima no solo de los derechos de las personas que acuden a este sistema sino a costa de la salud laboral de los profesionales comprometidos con su función social que sortean la falta de recursos y de cuidados con los que desempeñan su trabajo.
Nuestro sistema de protección social permanece ajeno a la lógica de los cuidados mientras esta se abre paso en los foros de expertas y expertos que, a nivel global, abordan cuál debe ser el papel de las políticas públicas en la protección social. Hablar de un sistema de cuidados no significa crear un sistema paralelo al margen de los sistemas públicos del Estado de Bienestar. Se trata de utilizar sus instrumentos para hacer una política de transición –como bien explicó Amaya Pérez Orozco en la Comisión de Reconstrucción– “que responda a las urgencias pero que también pueda sentar las bases de un cambio sistémico (...) que pase de un modelo productivo insostenible a un modelo reproductivo sostenible donde el cuidado de la vida colectiva sea un eje vertebrador”.
En esta crisis de la COVID-19 se han aprobado medidas urgentes y excepcionales de protección social que han puesto en evidencia lo insostenible de ese modelo productivo para afrontar la fragilidad y vulnerabilidad de las vidas humanas que ocupan los márgenes en el mismo centro de la actividad económica. Las situaciones planteadas en estos meses no eran (ni son) distintas a las que ya sufrían (y sufren) millones de personas en nuestro país. La diferencia ha sido su volumen y su impacto, pero no las características de las situaciones que estaban experimentando.
La pandemia las ha puesto al descubierto, pues, efectivamente, de repente, no es que hubiese miles y miles de personas que no pudieran pagar el alquiler, los suministros, o no llegaran a final de mes, sino que la vulnerabilidad se ha agravado y la cifra aumenta mes a mes exponencialmente sobre la ya existente, sobre esa bolsa de precariedad y pobreza vergonzosamente normalizada por no adoptar, precisamente, medidas como las que se tomaron de ‘forma excepcional’ en esta crisis (y menos mal).
Los datos publicados este mes de julio (referidos a 2019) nos dicen que, antes de la pandemia, ya una de cada cinco personas estaba en riesgo de pobreza, una de cada tres no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos y la mitad de población tenía dificultades para llegar a final de mes. Sin embargo, a los responsables del modelo productivo eso les daba igual, y le sigue dando igual. No hay más que ver cómo las instituciones públicas y las agrupaciones empresariales permiten que vivan y trabajen los temporeros, cómo hay fábricas que no cierran a pesar de tener trabajadores que dan positivo en COVID-19, cómo los locales de ocio protestan porque tienen que cerrar a la 1 de la madrugada o cómo la vicealcaldesa de la capital de un país insta a que se amplíe el espacio de las terrazas usando plazas de aparcamiento mientras en su ciudad crecen los contagios en la más absoluta opacidad.
A la clase política no parece importarle la reconstrucción social si esta tiene que pasar por políticas sociales y de cuidados. Han sido los acuerdos de este grupo de trabajo los únicos que no han salido adelante por poner la ideología de derecha de cinco partidos (PP, Vox, Ciudadanos, PNV y JxCat) por encima de los derechos económicos, sociales y culturales de más de cuarenta millones de personas. Otra cosa distinta es si la reconstrucción pasa por firmar contratos millonarios con empresas que privatizan la gestión y utilizan las infraestructuras y servicios públicos para sacar el máximo de ganancias. A esto sí que se apuntan los políticos de los partidos conservadores.
Hace cinco meses, al igual que hace cinco años, el sistema de protección social en España ya tenía profundas deficiencias que ahondaban en la profunda desigualdad existente en nuestro país. También lo denunció, en febrero, el relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos. Este al igual que la Comisión Europea habló de un sistema de protección social que “está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan”.
Su diagnóstico de nuestro sistema de protección (anterior a la COVID-19) demoledor: “una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones, programas de protección social muy insuficientes, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las pobres, y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valora más el formalismo que el bienestar de las personas”.
Lo que eran enormes desafíos a principios de año, con la pandemia de la COVID-19 se han convertido en emergencias humanitarias que están tratando de resolver las redes vecinales y las organizaciones de forma asistencialista. No llevamos ni seis meses de crisis y el sistema está colapsado y a manos de direcciones y responsables políticos con una mentalidad más propia de Gollum (el personaje de El Señor de los Anillos que solo habla de su tesoro, metáfora de la corrupción del ser humano que justifica lo injustificable por egoísmo y codicia) que de servicio público.
En este momento, España necesita otro sistema de protección social. El Estado, sí el Estado, entendido este en toda su pluralidad y complejidad, debe decidir qué papel quiere desempeñar en ese sistema de protección social para sostener sus cuatro pilares fundamentales: la salud, la educación, el empleo/seguridad social y los cuidados. Pilares interrelacionados de los que dependen los derechos económicos, sociales y culturales blindados por los compromisos de España en materia de derechos humanos y que no se pueden fragmentar ni repartir como si fueran porciones de tarta.
Es el tiempo inexcusable de la revalorización del papel de Estado social que garantiza condiciones de vida digna de forma universal a todas las personas, revisando para ello, si es necesario, que los derechos políticos y civiles de todas las vidas estén reconocidos. Es aquí donde cobra sentido la demanda de regularización extraordinaria que reclaman más de 1000 organizaciones en nuestro país.
Precisamente, son los migrantes en situación irregular uno de los grupos a los que deja atrás el Ingreso Mínimo Vital aprobado y que, siendo un importante avance (lastrado precisamente por la excesiva burocratización que denunciaba el relator de la ONU) es insuficiente al no alcanzar a quienes más lo necesitaban y necesitan. La anhelada prestación no logra reenganchar a quienes con la crisis de la COVID-19 parecen estar hundiéndose poco a poco. La Fundación Foessa lo explica en su reciente informe sobre Vulneración de derechos: Ingresos Mínimos al señalar como el real decreto que establece el ingreso mínimo vital deja algunos aspectos sin resolver y no cubre las necesidades de las capas más vulnerables de la población: personas migrantes en situación administrativa irregular, los jóvenes emancipados menores de 23 años, las familias que viven en habitaciones y comparten vivienda con más de dos familias o por vincular la ayuda al empleo y a la obligación de constar como demandante de empleo dejando fuera a quienes están en el mercado laboral.
Tras el fiasco del grupo de trabajo de políticas sociales y cuidados de la Comisión de Reconstrucción, a España se le presentan nuevas oportunidades de transitar hacia otro sistema de protección social que ponga en el centro a las personas. Por un lado, debe cumplir sus compromisos –adoptados durante el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas– de aprobar el II Plan Nacional de Derechos Humanos, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, de aplicar el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 y de diseñar una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2021-2030, pero también ha de apostar por un pacto por los cuidados y la corresponsabilidad y un marco laboral que sirvan para acabar con las contradicciones a las que nos lleva poner en el centro de la vida la economía y competitividad, en vez el cuidado a nuestros cuerpos, emociones, relaciones y comunidades.
Necesitamos otro sistema de protección social que rearticule los sistemas de salud, de educación, de prestaciones, de políticas fiscales y de atención social desde la lógica de los derechos humanos, la redistribución y la corresponsabilidad. Solo así se entenderá qué significa hablar de cuidados y de poner la vida en el centro como una forma de luchar contra la desigualdad.