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Foto: Hazte Oír
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Perseguir a alguien por sus ideas está prohibido en nuestro país porque la libertad ideológica es uno de esos pilares fundamentales de nuestra democracia, algo que recoge la Constitución en su artículo 16. Pero si, además, el motivo que da pie a esa persecución y purga (la falsa “ideología de género”) es un invento proyectado desde una ideología ultra y totalitaria, estamos ante un posible delito de odio por motivos ideológicos, algo que está tipificado en nuestro Código Penal.
Desacreditar y despreciar de forma sistemática, como hace Francisco Serrano, a quienes luchan contra la violencia de género es, sencillamente, incitar, atacar y perseguir de forma sistemática, injustificada e injustificable a quien, desde un organismo, organización o entidad, está prestando un servicio recogido y estipulado en nuestras leyes y en la normativa internacional que España ha de respetar. Teñir de sospecha la labor profesional de quienes se dedican a informar, asesorar y acompañar a las mujeres no ha sido suficiente para el juez condenado por prevaricación y líder andaluz de Vox. Ahora, su propuesta es que el Parlamento andaluz recabe los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, de los equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de los equipos de Menores de la región que evalúan el riesgo que sufren las mujeres víctimas de violencia machista. Su objetivo es ver si están colegiados, capacitados e ideologizados. Más allá de que se esta extralimitando en su función, justifica la necesidad en unas supuestas denuncias que de haberse hecho (a ver si van a ser falsas, Sr. Serrano) deberían tramitarse en los organismos destinados a tal efecto. No es competencia suya pedir al Parlamento que escudriñe sin motivo objetivo y de forma indiscriminada y arbitraria la labor profesional de todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la violencia machista.