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| Fota: Ingrid Taylar |
Dice el Defensor del Pueblo que la asistencia letrada (de oficio) a las personas migrantes en la frontera de Ceuta “se ha convertido en un trámite meramente formal”. La afirmación la realiza tras una visita sorpresa a la ciudad y revisar los expedientes de las 116 personas (hombres, mujeres y posiblemente menores de edad) que fueron víctimas de una ‘devolución en caliente’ a Marruecos el pasado mes de agosto. Estas devoluciones -que ahora se llaman ‘exprés’- daban cumplimiento a las órdenes del ministro del Interior quien logró, tras quince años de inacción, que Marruecos accediera a aplicar su parte en un acuerdo que se firmó hace 25 años por otro ministro socialista, el de la ‘patada en la puerta’, Corcuera.
Hasta la llegada de Grande Marlaska a Interior aquel pacto sólo se había aplicado en cuatro ocasiones para entregar a Marruecos poco más de un centenar de inmigrantes que debían ser retornados a sus países de origen o puntos de partida. Todas estas devoluciones se hicieron con gobiernos del PP.
El acuerdo que se está aplicando, ya entonces y ahora, plantea muchas dudas. No parece reunir las garantías suficientes desde un enfoque de derechos. No menciona ninguno de los convenios ni instrumentos que garantizarían la integridad y seguridad de las personas que son retornadas y que, en muchas ocasiones, necesitan acceder a la protección internacional. Tampoco establece pautas claras ni procedimientos concisos ni control judicial de ningún tipo. La inseguridad jurídica es absoluta ante la actividad “administrativa” que se realiza sin ningún tipo de supervisión y ante la cuál España se lava las manos ofreciendo una asistencia letrada de oficio que parece que cumple el trámite, pero que está por ver si garantiza derechos.
En toda esta celeridad de las devoluciones en menos de 24 horas, se olvidan los actuales responsables de Interior que Marruecos no es un país seguro para la población migrante. Tal y como vienen señalando organizaciones como Amnistía Internacional, las mujeres, hombres y menores extranjeros que esperan o intentan cruzar la frontera sufren de forma continua los hostigamientos y agresiones de las fuerzas de seguridad marroquís. Y además de los números y trágicos incidentes que tienen lugar en el mar, los que se asientan en los montes en multitud de ocasiones son trasladados a la fuerza al interior (e incluso al desierto) donde son abandonados heridos y en condiciones lamentables, sin comida ni agua. Por otro lado, Marruecos tampoco termina de ser un país seguro para parte de su propia población como puede ser la población del RIF o algunos colectivos vulnerables como las personas LGTB (colectivo al que pertenecemos Grande Marlaska y yo). Estas pueden ser castigadas con años de cárcel o exponerse a crímenes de honor y linchamientos que son protagonizados por la propia población.
Entristece comprobar que el ministro, cara visible del activismo de derechos humanos de nuestro colectivo (LGTB) parece no distinguir los riesgos a los que se expone a quienes no se permite acceder a sus derechos y que son hostigados y perseguidos sin haber cometido delito, por el solo hecho de ser quienes son. No puede ser que, precisamente, Grande Marlaska ignore lo que le puede pasar a una persona cuando es entregada, sin garantías suficientes y en situación de extrema vulnerabilidad, a las autoridades de un país señalado como “verdugo” de esa misma población por distintas organizaciones que defienden los derechos humanos.
Hace unos días Consuelo Rumí, Secretaria de Estado de Migraciones, afirmó que “España apoya de manera rotunda la política migratoria de Marruecos”. Produce indignación tener que oír esto. No sé si en su apoyo incluye también el apoyo de España a los disparos de la Marina marroquí contra una lancha que transportaba a veinte personas extranjeras y que mataron a una mujer que viajaba en ella, o si se refiere a que España apoya la pasividad de las autoridades marroquís que desoyeron la petición de auxilio de una patera que provocó que murieran ahogadas 34 personas delante de sus costas, entre ellas una niña y un niño. ¿Es esa la voz de Marruecos que va a trasladar España a la Unión Europea?
Muchas fueron las críticas que se vertieron contra el pacto antinmigratorio entre Turquía y Europa para que Ankara le hiciera el trabajo sucio a Bruselas con los refugiados sirios. Algo muy similar parece buscar Grande Marlaska y el gobierno socialista cuando habla de llevar la voz de nuestro país fronterizo al corazón de Europa. ¿Es ahí donde debe invertir Europa y España el dinero que puede ir a actuaciones que sí garanticen los derechos de las personas? Por ejemplo, a Cooperación.
Duele ver como España de la mano del ministro Grande Marlaska está reactivando de manera tan eficaz un acuerdo anacrónico que fue suscrito en un tiempo en el que el mundo era otro y en el que el reconocimiento de los derechos humanos a los colectivos vulnerables era algo muy residual. A modo de ejemplo solo basta recordar que en esa fecha todavía faltaban 13 años para que las personas LGTB nos pudiéramos casar y que apenas hacía dos la homosexualidad había dejado de considerarse como una enfermedad. Aquel tiempo no es este y el acuerdo del 92 no garantiza los derechos humanos que tienen las personas que migran y se desplazan hoy en día con las actuales regulaciones y directivas. La “patada y a la calle” que algunos promovían hace 25 años no pueden ser la piedra angular de la política migratoria de un gobierno que se dice progresista en un contexto de crisis humanitaria y desigualdad social. Si alguien quiere hacer algo grande y diferente en materia migratoria no hay que tirar de medidas fáciles y anacrónicas que recuerdan más al Imperio español que evoca Pablo Casado que a la sociedad moderna, democrática, plural e innovadora a la que podemos aspirar.